La última reforma integral a la Constitución de la República Dominicana cumple hoy 14 años, fue hecha el 26 de enero del año 2010, en la gestión del expresidente Leonel Fernández.

Sin embargo, casi una década y media después el Congreso Nacional no logra ponerse al día con las reservas legislativas o leyes complementarias que ordena crear la Carta Magna.

Abordado al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo que el Congreso ha avanzado con algunas de esas piezas, pero quedan todavía “muchas iniciativas” por trabajar.
En ese sentido, adelantó que “en su momento” designará una comisión de especialistas como se hizo en el año 2017 para que haga un levantamiento de cuántas leyes de las que indica la Constitución faltan por ser creadas y evacuadas, y que se muestren versiones de esas legislaciones que faltan.

“En su momento vamos a nombrar una comisión de especialistas como hubo en el pasado para que pueda hacer una cuantificación de estas leyes e incluso, además se presenten en el Congreso versiones sobre las mismas”, manifestó.

Se recuerda que el 22 de agosto de 2017 la Cámara Baja creó una comisión especial con el objetivo de actualizar y unificar las relaciones de leyes complementarias, así como sistematizar los contenidos y especificar el tipo de reserva que hay en la Constitución, se expresa o tácita. Asimismo, el 30 de octubre de ese año, el presidente del ala congresual de ese entonces, Rubén Maldonado, juramentó una comisión de juristas que fue creada para trabajar las legislaciones que debían ser adecuadas a la Ley Sustantiva.

“Más de 90 leyes pendientes”

Hace un año el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevera, lamentó que después de ser aprobada la Constitución del 2010 haya más de 90 leyes complementarias pendientes de sanción. El magistrado indicó que esas legislaciones son esenciales, porque son las que aumentan “las garras” de la Ley Suprema y ésta las necesita.

Entre las piezas por ser evacuadas destaca la ley de referendo, de Agua y la orgánica de control y fiscalización.

Al respecto, Alfredo Pacheco dijo ayer que si se puede observar el trabajo que ha hecho la Cámara de Diputados en las sesiones pasadas, se notará que el Pleno no solo conoció la iniciativa que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, sino también la del referendo, ambas reservas constitucionales. Explicó que la diferencia estuvo en que en la primera pieza había consenso y en la segunda no, y por eso esta todavía no es una ley.

Otras reservas de la Constitución son el proyecto de ley para el ejercicio de derechos colectivos y difusos medioambientales y del patrimonio cultural y/o el de cambio climático de la República Dominicana; el que regula la propiedad y transferencia inmobiliaria en la zona fronteriza (del cual ha hecho mención Ray Guevera); el que regula el ejercicio de derechos económicos y sociales de la población de menos ingreso, entre otros.

Las aprobadas

Entre las leyes complementarias aprobadas por el Congreso destaca la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana; de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos; de Extinción de Dominio; la que crea la DNI; la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; y la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Había 222 iniciativas de reserva constitucional

La comisión especial de diputados designada en 2017 aprobó un plan de trabajo integral para desarrollar las tareas que le fueron encomendadas y reportaron 222 iniciativas de reserva constitucional: 175 expresas y 47 implícitas. De todas esas legislaciones había 40 pendientes de creación, 114 por ser aprobadas, 66 que no se habían adecuado y dos pendientes de adecuación de facultad exclusiva del presidente de la República, que en ese entonces era Danilo Medina. De las 222 reservas de ley, la comisión legislativa recomendó al Congreso priorizar 18 iniciativas, de las cuales algunas tenían que ser creadas y otras adecuadas, como la reforma del Código Penal; Código Civil; y Código de Procedimiento Civil. Desde entonces solo tres de esas priorizadas han sido evacuadas y de ellas una debe ser modificada.
El Congreso dio salida a la Ley del Régimen Electoral; la de Ordenamiento Territorial; y la de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la cual es la que debe ser reparada. La comisión de diputados estaba presidida por Henry M. Merán Gil, para entonces miembros del PLD; y el equipo de juristas por Rafael Alburquerque, vicepresidente de la República y que fungía como coordinador.

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