|
ESCUCHA ESTA NOTICIA
|
El presidente Luis Abinader remitió al Senado dominicano un proyecto de ley destinado a regular la libertad de expresión en todos sus formatos, desde prensa escrita hasta redes sociales. Principalmente, el texto también propone la creación de un ente regulador, el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM). Asimismo, busca modernizar el marco legal vigente con enfoque democrático y de derechos.
El anteproyecto llega tras años de trabajo conjunto entre juristas, periodistas y actores de la sociedad civil. Su propósito es garantizar un equilibrio entre el derecho a la información y el uso responsable de los medios, adaptando la normativa nacional a los desafíos de la era digital.
Claves del proyecto de ley para la libertad de expresión
- Regula la libertad de expresión en medios tradicionales y digitales.
- Crea el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM).
- Protege el derecho al periodismo y acceso a la información.
- Elaborado con participación de juristas, periodistas y sociedad civil.
- Basado en jurisprudencia y estándares democráticos internacionales.
- Busca un equilibrio entre libertad y responsabilidad informativa.
Le recomendamos leer
Una propuesta legal para la nueva era digital
El proyecto busca actualizar un marco normativo considerado obsoleto frente a los retos que plantean las nuevas tecnologías y las plataformas digitales. Con la mirada puesta en la protección de los derechos fundamentales, Abinader propone una ley que combine libertad con responsabilidad, transparencia y acceso a la información.
Según explicó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, el proyecto abarca todas las formas de comunicación: prensa escrita, televisión, radio, espectáculos públicos y redes sociales. Además, plantea salvaguardar el derecho al ejercicio del periodismo y el acceso a información pública de calidad.
Uno de los pilares de la ley es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que funcionaría como órgano autónomo de regulación, con la misión de velar por el cumplimiento de las normas y garantizar la pluralidad informativa.
Libertad de expresión y derechos comunicativos
En su carta de remisión al Congreso, Abinader destacó que el proyecto incorpora los desarrollos jurisprudenciales más recientes y responde a las mejores prácticas internacionales en materia de derechos comunicativos. Para ello, se contó con la participación de expertos de renombre nacional e internacional.
“Procuramos alinear nuestra legislación con los estándares más garantistas y democráticos del mundo moderno”, subrayó el mandatario en su comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo De los Santos.
Una comisión plural
La propuesta legal surge del trabajo de una comisión especial creada en junio de 2022, integrada por periodistas, juristas y comunicadores del país. Entre ellos figuran Namphi Rodríguez, Miguel Franjul, Inés Aizpún, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora (Huchi), Edith Febles y otros actores clave del ecosistema mediático dominicano.
El grupo entregó un primer borrador revisado y ajustado para adecuarlo al marco constitucional y a la realidad legal dominicana. La versión final se remitió al presidente el 24 de abril y ahora inicia su camino legislativo.
El Ejecutivo espera que la ley se apruebe en el Congreso como parte de su compromiso con un Estado Social y Democrático de Derecho. Abinader ha insistido en la necesidad de contar con una normativa clara, moderna y protectora tanto de los derechos individuales como del interés público.
En tiempos de polarización y desinformación, la legislación aspira a ofrecer garantías y límites, sin caer en la censura ni comprometer la libertad crítica que sustenta toda democracia.
El reto de legislar en tiempos de redes sociales
Es innegable que los medios digitales han cambiado las reglas del juego. Hoy, cualquier ciudadano puede emitir opiniones, informar o desinformar con un solo clic. Esto plantea un dilema jurídico: ¿cómo garantizar la libertad de expresión sin abrir la puerta al abuso?
La propuesta de Abinader intenta precisamente responder a ese dilema. No se trata de controlar, sino de regular para proteger. De establecer normas claras donde hoy hay vacíos legales que permiten excesos o arbitrariedades.
Esta propuesta de ley no solo es legalmente relevante: es culturalmente urgente. En un mundo donde la viralidad supera a la veracidad, contar con normas claras es una necesidad, no una opción. Y lo mejor es que este esfuerzo no nace del capricho, sino de un proceso participativo, amplio y técnico.
¿Será perfecta? Probablemente no. Pero representa un avance frente a la parálisis normativa de décadas pasadas. Lo importante es que abre el debate sobre cómo queremos comunicar y ser informados en el siglo XXI.
Si eres periodista, creador de contenido, estudiante o simplemente ciudadano digital, este proyecto te afecta. Porque hablar con libertad es un derecho, pero hacerlo con responsabilidad es un deber colectivo.
