Treinta y un días han transcurrido desde la fatídica explosión que estremeció al centro de la ciudad de San Cristóbal y las quejas de los afectados afloran por doquier.
La alegada falta de ayuda económica, el disminuido comercio, el largo proceso para la entrega de cadáveres, así como las causas del siniestro dadas por las autoridades son algunas de las inconformidades en las que coinciden los que hoy recuerdan con tristeza el suceso que hasta la fecha ha arrebatado la vida de 38 personas.
En la denominada zona cero las brigadas operativas del Ayuntamiento y del Ministerio Público realizan las labores de demolición del edificio que albergaba la tienda textil Toledo, luego de haber derribado las otras dos estructuras en la que operaba la veterinaria y la fábrica de textiles Vidal Plast, en la que se originó el siniestro.
Mientras se estima que los trabajos para habilitar por completo el espacio continúen por al menos dos días más, el trauma que ha quedado como una marca indeleble en lo que antes era una concurrida área comercial mantiene casi nula las actividades en los alrededores de la calle Padre Ayala, donde los varios negocios permanecían cerrados y en otros aún se cuantificaban las pérdidas materiales a la espera de las aportaciones prometidas para su recuperación.
“Ellos (las autoridades) han venido y han tomado fotos, han hecho levantamiento y han dicho que van a ayudar con las instituciones bancarias y las empresas que han donado. Ya han puesto algunos cristales en muchos negocios, pero aquí todavia nada”, comentó Imerquis Toledo, propietaria de una de las tiendas próximas al lugar afectado.
Manifestó que, además haber perdido el 80% de la mercancía de su comercio, ahora ha tenido que lidiar con los saqueos, robos y la inseguridad que se ha producido en la hoy vulnerable zona, por lo que abogó por más intervención para proteger el área comprendida entre las calles Padre Ayala, Doctor Brioso, Francisco J. Peynado, General Leger y la avenida Constitución.
Residentes aledaños a la zona en la que se produjo el desastre, también hicieron el llamado a que se continúe con la entrega de ayudas económicas para aquellos que todavía afirman no haberlas recibido.
“La situación que se vive aquí es deplorable porque hay perdidas por todos lados y el Gobierno se ha puesto en mute (silencio). Mira como yo estoy aquí a un mes de la explosión y todavía no he recibido ayuda y vivo al frente, tengo que estar aquí haciendo malabares con un par de varillas”, expresó indignado Tito Sancry.
Como él, varios hombres desde tempranas horas aprovecharon la demolición de los edificios para cargar con varillas y otros artefactos con el fin de venderlos y obtener ingresos.
Inconformidad entre familiares de las víctimas
El pasado miércoles decenas de familiares también acudieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para retirar el cadáver de sus parientes, que habían sido identificados tras ser completado el proceso de ADN (ácido desoxirribonucleico) de los 20 levantamientos de segmentos de personas que faltaban por determinar a quiénes pertenecían.
En este escenario la consternación era común entre las familias que fueron contactadas para retirar los restos de los hoy occisos.
“Justicia es lo que queremos” se le escuchó decir a algunos de los presentes que dijeron estar incrédulos de los resultados sobre las causas que provocaron la explosión en la que perecieron sus parientes.
“No queremos que el caso se quede impune, que se aclare la verdad porque vemos que quieren que esto se quede así. El Ministerio Público hizo un expediente que fue un disparate”, indicó Elvis Vittini, quien acudió al Inacif ubicado en el cementerio Cristo Redentor, a recibir los restos del cuerpo de su hermano Julio Vittini, identificado como una de las víctimas mortales.
El Inacif entregó el miércoles los restos de 10 personas fallecidas durante la explosión registrada el pasado 14 de agosto en una zona comercial de San Cristóbal. A través de un comunicado, se informó que hasta el momento quedan nueve levantamientos restantes de los 20 restos de personas recuperados que faltaban por identificar.
Según se explicó todos tienen prueba de ADN, pero no hay coincidencia con el resto de las familias que están a la espera de saber de sus familiares.
Las pruebas de ADN se realizan en estos casos porque, debido al estado de los cuerpos, no han podido ser identificados de manera convencional. De varios de los fallecidos han sido recuperados restos de cuerpos y cadáveres totalmente calcinados.
Mientras esperaba por los restos de su esposa, Juan Corporán también pidió que se den mayores explicaciones de la lamentable tragedia y que sean investigadas las autoridades municipales y otros empresarios que a su entender por igual guardan responsabilidad con el hecho.
“El Ayuntamiento (de San Cristóbal) es tan culpable, porque hace seis meses sabían que ahí había un problema, Vidal Plast porque ahí ocurrió la explosión y el señor Toledo por irresponsable e incompetente porque no es posible que un edificio de tres niveles sea una guardería donde tenga una sola salida”, sostuvo.
Medidas de coerción
Por este caso fueron impuestas distintas medidas de coerción a los propietarios de Vidal Plast SRL, Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar y a Mercedes Altagracia Vidal Sandoval.
El expediente del Ministerio Público establece que el hecho ocurrió justamente donde funcionaba la empresa Vidal Plast SRL. Indica que en el lugar se originó una fuerte explosión con ondas expansivas que afectaron al menos nueve establecimientos comerciales y varias viviendas.
Según el informe preliminar, señala que la emanación de gases combustibles provenientes del calentamiento de plásticos acumulados en la empresa Vidal Plast pudo ser la razón del estallido.
