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Ante los cuestionamientos y debates por varios proyectos de ley que atentan contra la libertad de expresión, ayer el presidente Luis Abinader designó una comisión consultiva con carácter honorífico que tendrá a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre este sentido.

El jefe de Estado hizo la designación mediante el decreto 333-22, en el que se establece que, con el propósito de unificar criterios en torno a la regulación legislativa sobre la libertad de expresión, la comisión consultiva ha sido integrada por un equipo de juristas y comunicadores.

El director ejecutivo de la comisión será el abogado y periodista Namphi Rodríguez, junto al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Henríquez; y el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado. También integran la comisión, los directores de los periódicos Listín Diario y Diario Libre, Miguel Franjul e Inés Aizpún, respectivamente; los periodistas Huchi Lora, Edith Febles y Elvira Lora, el exjuez del Tribunal Constitucional Hermógenes Acosta, y los abogados Eric Raful Pérez, Miguel Ángel Prestol, Jimena Conde Jiminián y Gabriela Beltré.

De cara a hacer de la eventual propuesta de ley el resultado de un amplio consenso con la sociedad civil, la comisión creada por Abinader queda facultada para programar mesas de trabajo con los distintos sectores vinculados a la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

La comisión consultiva deberá presentar el borrador del instrumento normativo correspondiente, en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la emisión del indicado decreto que la conforma.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dio su apoyo al decreto. “Estamos confiados que los comisionados construirán una propuesta conforme a la Constitución y a los precedentes del Tribunal Constitucional”, dijo en un comunicado.

SIP expresa preocupación

Previamente, en la mañana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había expresado su preocupación por los proyectos de ley que atentan contra la libertad de expresión al considerar que con esto genera un efecto de inhibición para la libertad de prensa y la labor periodística. Dijo estar preocupada por los proyectos de ley en República Dominicana, que precisa, insisten en el carácter penal de la difamación, incluso en el ciberespacio, y sobreprotegen a los dirigentes ante las críticas.

Indicó, en un comunicado, que una reforma al Código Penal dominicano sanciona con prisión las ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores y representantes diplomáticos. “La medida es contraria a los estándares internacionales que promueven eliminar el delito de desacato para evitar privilegios de las autoridades por sobre los ciudadanos. El desacato, eliminado en muchos países latinoamericanos, también está contemplado en la Ley 6132 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento”, manifestó.

Sostuvo que el gobierno del presidente Luis Abinader presentó el 14 de junio al Congreso un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que reemplazará la Ley 5307 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en vigencia, y que con el mismo se aumenta de uno a cuatro años la pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 sala­rios mínimos, sin cárcel.

Para el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, República Dominicana está girando en posición contraria a la libertad de prensa. Agregó que estas son épocas para descriminalizar los delitos de difamación cuando se refieren a personas públicas y para “eliminar los privilegios de los poderosos, no para potenciarlos, como bien lo hicieron en República Dominicana años atrás”.

Deben adaptarse leyes a criterio interamericano

Canahuati, también presidente del Grupo OPSA, de Honduras, hizo referencia al beneplácito que expresó la SIP en 2016 por una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló siete artículos de la Ley 6132 de 1962, que criminalizaban los delitos de difamación e injurias en casos de interés público. La Corte consideró que eran violatorios a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijo que “será importante que las autoridades dominicanas traten de adaptar la legislación nacional a los criterios de la jurisprudencia interamericana”.

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