La litis judicial entre la empresa gestora de desperdicios en el vertedero Duquesa, Lajun Corporation y el Estado dominicano, ha dejado una pérdida a la República Dominicana que supera los 2,300 millones de pesos.
Recientemente el Centro Internacional de Arreglos de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi), condenó al país al pago de una compensación por 43,590,090 dólares a favor de la empresa Lajun Corporation.
El conflicto radica en que Michael Lee-Chin, presidente de la empresa Lajun Corporation, elevó una demanda contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía de Santo Domingo Norte, por alegados incumplimientos del contrato para la administración y operación del relleno sanitario de Duquesa.
La periodista Julissa Céspedes, en su programa Reporte Especial, que se transmite los domingos por CDN Canal 37, resaltó que la estrategia defensiva y el juicio, que culminó en dicha derrota, generaron un costo al Estado dominicano que superó miles de millones de pesos.
Los intereses se calculan de la siguiente manera: en relación con el monto correspondiente a los daños por la falta de actualización de las tarifas, se estipulan 4 millones de dólares desde diciembre de 2013.
Asimismo, en lo que respecta a los daños sobre las acciones de Lajún, se establece la suma de 38 millones de dólares desde septiembre de 2017, que alcanza así un total de 43 millones 590 mil 90 dólares, que, al aplicar el tipo de cambio 55×1, se convierte en 2,397 millones de pesos.
Otros gastos del proceso judicial
La comunicadora destaca que este referido monto no será la única cantidad que el Estado dominicano deberá desembolsar, debido a que estos gastos se financian a través de impuestos.
Dice que al proceso judicial también se le suma el costo asociado al arbitraje internacional, que se detalla en la Declaración sobre Costos presentada por la República Dominicana en el laudo final.
“Este desglose comprende 550 mil dólares para los costos del arbitraje por los servicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y los honorarios del Tribunal, 61 mil 718 dólares para los gastos de las audiencias en dichas fases, y 500 mil dólares cada uno para los honorarios y gastos de los peritos de la República Dominicana, J.S. Held y Quadrant Economics LLC”, indica la comunicadora.
Además, explica que se incluyen más de 32 mil dólares en otros costos y gastos, y 4 millones de dólares correspondientes a los honorarios profesionales de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP en las fases de jurisdicción y fondo.
La conductora del programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, calcula que los gastos por el juicio totalizan 5 millones 882 mil, que al convertirse al tipo de cambio, supera los 294 millones de pesos.
El conflicto entre el Estado dominicano y Lajun Corporation viene porque supuestamente el Estado expulsó a la empresa y realizó una alegada expropiación ilegal de la inversión de Lajun.
La empresa alegó que la expulsión de Lajún y la toma del relleno sanitario constituyeron una expropiación ilegal que destruyó el valor de su inversión.
En cambio, la República Dominicana defendió la rescisión del contrato de concesión como legal, basándose en decisiones judiciales locales. Argumentó que la toma de control del Vertedero Duquesa cumplió la legislación ambiental y negó una expropiación en relación con el terreno adicional.
“Funcionarios se hicieron de la vista gorda”
¿Cómo logró Lajún ganar en un arbitraje internacional? Julissa Céspedes sostiene que este misterio se intensifica debido a denuncias recurrentes que sugieren posibles fraudes en las firmas de los contratos, utilizados para conceder la concesión o presunta venta de los terrenos, con lo que se pone en duda la legitimidad de los procesos contractuales.
“Uno tiene que llegar a la conclusión de que una de las razones por las que y por la única que se condena el Estado dominicano es porque hay un lucro cesante del contrato de Lajun Corporation y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte”, sostiene Waldys Taveras, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.
Al ser consultado por Céspedes, Taveras expresa que en la República Dominicana no hay régimen de consecuencias para los funcionarios públicos que por acción o por omisión les hacen daño a los intereses del país.
“Este es un ejemplo de eso. Ninguno de los funcionarios que debieron accionar lo hicieron y otros se hicieron de la vista gorda, por eso fue una denuncia pública y nadie, nadie no hizo caso”, resalta en la entrevista que sostuvo en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes.
