Cuatro de los 10 imputados por el caso de los sobornos que Odebrecht pagó para la adjudicación de obras en el país, presentaron este viernes sus argumentos, a los fines de que los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, les suprimieran o variaran las medidas de coerción, que les fueron impuestas por el Juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco.
Se trata de Ángel Rondón Rijo, quien figura en el expediente del Ministerio Público como el “Hombre del Maletín” y a quien acusan de ser el eje transversal de la investigación; el abogado notario Conrado Pittaluga; el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez y el exvicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura.
Los cuatro imputados, solicitaron ante los jueces Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz, Frank Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, la nulidad de la resolución que les impuso prisión preventiva y pidieron libertad pura y simple.
El primero en subir al estrado, fue el abogado Conrado Pittaluga, quien en compañía de sus abogados, Eric Raful, Santiago Rodríguez y Joaquín Zapata, manifestó su disposición de presentarse a todos los actos del proceso.
En sus conclusiones, la defensa pidió a la Corte rechazar la prisión preventiva dictada en su contra, tras argumentar que tiene suficientes presupuestos y que no representa peligro de fuga.
Solicitaron revocar la prisión preventiva dictada en su contra, por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco y la nulidad de la resolución.
La defensa del imputado César Sánchez, integrada por los abogados Luis Soto, Edwin Acosta y Diana Salomó, también solicitó a la corte que conoce el recurso de apelación contra la medida de coerción, la nulidad total de la resolución y la inmediata puesta en libertad del imputado.
Asimismo, pidieron que se declare irregular el acto de arresto, debido a que las imágenes del procedimiento fueron expuestas a los medios de comunicación.
Mencionaron que a Sánchez le diagnosticaron distonía autonómica cardiovascular aguda, por lo que la junta de médicos que lo atendió recomendó tratamientos especiales y monitoreos que no pueden realizarse en la cárcel de Najayo, por lo que si no recibe esos cuidados podría morir en la cárcel.
“El martes en la noche el ingeniero César Sánchez sufrió un tercer evento y tuvo que ser trasladado de emergencia al Centro Médico Dominicano. Allá sufrió un accidente cardiovascular isquémica, lo que conocemos como ACV”, dijeron.
Resaltaron además que “como prueba de lo dicho nosotros sometemos al tribunal las certificaciones de los médicos que valoraron la situación de salud del ingeniero César Sánchez dando cuenta que también se trata como una enfermedad grave. Magistrados el ingeniero César Sánchez tendrán que someterse la semana próxima a una intervención quirúrgica, de manera que él sufre de una enfermedad grave”
En el caso de Ángel Rondón Rijo, su defensa encabezada por el jurista Antonio Delgado, destacó que en la resolución 47/2017 refrendada por el juez Ortega Polanco, “se evidencian violaciones constitucionales, a la norma procesal penal y a precedentes del Tribunal Constitucional que les son vinculantes”.
Señaló, además, que la imposición de medida de coerción contra Rondón Rijo se hizo “desde un expediente absolutamente ausente de comunicación a los investigados; desde los aparatosos apresamientos sin que se les probara peligro de fuga y de su difusión a los medios de comunicación por parte del MP.
La defensa de Radhamés Segura, integrada por los abogados Ángel Delgado Malagón y Manuel Ulises Bonnelly, denunciaron que al momento del arresto el MP violó la constitución y sus derechos, tal y como se muestra en un video.
Debido a lo extenso de la jornada, los jueces aplazaron su continuidad para este sábado, cuando se espera que el MP culmine con su réplica.
