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La Acción Empresarial para la Educación (Educa) entiende que las autoridades deben procurar y proteger por el derecho de los estudiantes y de sus familias, la continuidad del calendario y horario escolar, para limitar la suspensión de jornadas clases y así evitar que se perjudique su rendimiento en las escuelas.

La recomendación de la institución surge en momentos en que se trabaja en la revisión y futura modificación de la Ley General de Educación que data del 1996.

En una nota técnica, el director ejecutivo de la entidad, Darwin Caraballo, sostiene que el nuevo marco normativo debe garantizar que los educadores puedan alcanzar las mejores condiciones laborales posibles, sin que ello implique alejarse de las tareas de docencia directa.

Asimismo, considera que en toda revisión de la norma, así como de la legislación complementaria, se tienen que eliminar privilegios, prerrogativas y cualquier beneficio de los actores vinculados con el sistema educativo, con la salvedad de aquellos que surjan de los talentos y virtudes demostrados en instancias objetivas y competitivas.

De igual manera, señala que deben de incorporarse indicadores atinentes a la calidad del gasto, tales como el ratio del personal administrativo docente, los de capital sobre gastos recurrentes y los de formación de docentes por resultados.

“Educa, junto a la sociedad dominicana, ha tomado como una conquista el cuatro por ciento y está dispuesta a defenderlo como a una trinchera, sin embargo, parece sensato, a la luz de los resultados, condicionar los desembolsos de esos presupuestos al logro de las metas de calidad previamente definidas”, expuso.

Afirma que desde 2013, que es cuando se comenzó a cumplir con la partida asignada por ley a Educación, se han acumulado más de 27 millones de dólares destinados por el ejecutivo.

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