El 14% de las mujeres con discapacidad en la República Dominicana asegura haber sufrido agresión física, el 8% violencia sexual y el 31% violencia psicológica. Según un estudio del Diagnóstico Participativo sobre Violencia de Género en Mujeres con Discapacidad, realizado por el Círculo de Mujeres con Discapacidad (Cimudis), un 3% de éstas aseguró haber sido obliga a usar métodos abortivos y el 17% dijo haber sido esterilizada por decisión de la familia o por decisión médica.
En tanto, el 4 % afirmó haber terminado una relación con alguna de sus parejas debido a comportamientos violentos y el 1% de las entrevistas aseguró que su discapacidad se debe, precisamente, a un episodio de violencia de género.
En tanto, el 37% aseguró haber vivido violencia verbal y el 38% reportó que alguien le ha hecho sentir inferior por su condición.
De acuerdo con la investigación, las mujeres con discapacidad perciben a su círculo cercano como potenciales agresores, así el 85% afirmó que les preocupa que sus exparejas pudieran atacarlas física o sexualmente o hacerles algún daño.
Violencia
El 21% de las encuestadas reveló que alguien con quien vivía ejerció violencia económica en su contra.
El estudio señala, no obstante, que el 62% de las mujeres que vive o ha sufrido violencia no denunció la situación, ya sea por considerar que los hechos no eran suficientemente graves (34%) o por vergüenza (11%).
El objetivo del estudio, de acuerdo con un comunicado de Cimudis, es evidenciar con datos que este problema social que afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad que, al tener un peor acceso a los servicios públicos de prevención y respuesta ante casos de violencia, se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad.
Prevención y respuestas
En sus conclusiones, la investigación instó a mejorar las capacidades de las instituciones responsables de la prevención y respuesta a la violencia de género a través de la transversalización de un enfoque de atención a la discapacidad para dar respuesta a sus necesidades.
El estudio se realizó con el apoyo de la Asociación para la Medición Social (EQUA) y la financiación del Ayuntamiento de Cádiz (España), y contó con el apoyo de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La RED) y la Confederación Española de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).
