El PE observa ley pago de deudas para los pequeños contratistas

Van nueve piezas que el presidente Abinader devuelve al Congreso desde que asumió el Gobierno en el 2020

El presidente Luis Abinader devolvió al Congreso Nacional el pasado 16 de enero la Ley que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas a pequeños contratistas, trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas, supervisores y asfalteros.

El mandatario observó la pieza por completo -sus 14 artículos-, porque viola principios esenciales de la Constitución y ordena pago “sin garantizar provisión de fondos”, y sin que la deuda pública sea “cierta, líquida y exigible”.

Con la legislación, que tiene como proponente al senador Franklin Romero (PRM-Duarte), son nueve las que el mandatario regresa al órgano congresual para que sean corregidas, desde que asumió el gobierno por primera vez el 16 de agosto de 2020.

Mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo, Alfredo Pacheco, el Poder Ejecutivo dice que en la Ley persisten situaciones jurídicas que ameritan “una nueva revisión” por parte del Congreso de la República.

Detalla que hubo violación a principios esenciales de la Carta Magna, tales como principios de legalidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal y responsabilidad financiera, transparencia y seguridad jurídica.

En la misiva de tres páginas, el Ejecutivo argumenta que no se puede pagar un dinero sin saber el monto; hay que revisar los documentos de los acreedores; no se puede gastar dinero que no está en el presupuesto, ya que hacerlo afectaría el dinero del país; algunas obras se hicieron sin permiso o sin dinero aprobado; no se pone una fecha límite; y el Ministerio de Hacienda y Economía no tiene ese dinero reservado.

“La ley ordena pago sin garantizar provisión de fondos y sin que la deuda pública fuere cierta, líquida y exigible”, sostiene.

PRM y aliados se impusieron

Sin el apoyo de la oposición, la Cámara Baja evacuó la Ley el pasado 12 de enero, último día de la legislatura.

La norma aprobada tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas “sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria”, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.

La Ley aplica a las deudas contraídas por el Estado Dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp), la Junta Central Electoral (JCE), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y a las obligaciones del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y del Inavi, que han sido asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), y cualquier otro ente público.

Los puntos a revisar

En la carta a la Cámara de Diputados, el presidente Luis Abinader pondera que la Ley recientemente aprobada pretende reconocer deuda pública sin establecer previamente su certeza y exigibilidad, otorgando la calidad de acreedores del Estado a personas y empresas “sin verificar previamente la documentación que respalde de manera inequívoca dicha condición”.

Señala que esto es contrario a la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad financiera, como principios constitucionales, que obligan al Estado a administrar sus recursos con disciplina, transparencia y equilibrio, garantizando que los ingresos y gastos se mantengan en proporción equilibrada y que la deuda pública sea manejada de manera sostenible en el tiempo.

Otra corrección a la legislación, es que no fija un monto consolidado de la deuda global, delegando en el Ministerio de Hacienda y Economía la verificación posterior. El mandatario aclara que toda deuda pública, para ser reconocida como tal, debe ser cierta y líquida; “es decir, debe acreditarse su existencia mediante la documentación correspondiente y determinarse con exactitud el monto adeudado”, señala.

Precisa, además, que reconocer primero a presuntos acreedores y verificar después su calidad, contraviene los principios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad financiera, “que exigen una verificación previa y una programación responsable del pago, evitando sorpresas que puedan superar la capacidad de pago del Estado o distraer fondos del presupuesto general de la Nación, destinados a fines legítimos en beneficio de la población dominicana”.

De igual manera, aclara que la responsabilidad financiera supone la provisión de fondos antes de ordenar pagos. Tal provisión, según detalla, “resulta imposible si no se conoce previamente el monto exacto de la deuda”, lo que magnifica el riesgo de impacto negativo en las finanzas públicas.

Al respecto, el Ejecutivo consigna que la prudencia normativa impone identificar de forma inequívoca a los acreedores, establecer el monto adeudado y, con esa información verificada, aprobar la ley disponiendo el pago. “Hacerlo en sentido inverso podría contravenir principios esenciales de la Constitución”, advierte.

En cuanto a la disposición de que los fondos provengan del presupuesto del Ministerio de Hacienda y Economía, dice que esto podría resultar inconveniente, ya que dicho Ministerio “no cuenta con una partida asignada para esos fines”.

Otro principio que se vería afectado por la ley aprobada es el de legalidad presupuestaria, consagrado en el artículo 237 de la Constitución.

El mandatario resalta que la ley aprobada reconoce acreedores del Estado y, al mismo tiempo, ordena al Ministerio de Hacienda y Economía verificar la documentación que les confiere dicha calidad. “Ordena, asimismo, saldar deudas sin establecer el monto exacto de cada una ni calcular su impacto en las finanzas públicas. Lo adecuado sería reconocer primero las deudas, verificar las acreencias y, una vez determinado el monto exacto, establecerlo en su articulado”, exhorta.

Recuerda, en ese sentido, que el artículo 51 de la Ley Orgánica 423-06, de Presupuesto para el Sector Público, prohíbe a los funcionarios asumir compromisos para los cuales no existan apropiaciones presupuestarias.

“La ley sancionada reconoce que muchas obras excedieron los topes presupuestarios o no tenían disponibilidad, lo cual podría llegarse a considerar como una infracción administrativa”, subraya.

Asimismo, el Ejecutivo argumenta que la ausencia de una fecha a partir de la cual se puedan considerar las obras a pagar, podría generar imprecisión.

El Ejecutivo ha regresado al Congreso nueve leyes

Además de la ley para el pago de deudas a pequeños contratistas, el presidente Luis Abinader observó la ley que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional e internacional (Ley 57-23), fue la primera que devolvió al Congreso, el 1 de agosto de 2023.

A cinco meses de ser aprobada, el Ejecutivo observó la nueva Ley de la Cámara de Cuentas (Ley 18-24) y la devolvió a la Cámara de Diputados (el 5 de enero de 2024).

Se suma a las leyes observadas, la Ley que crea el Boletín Oficial del Estado para la publicación de leyes modificadas, de autoría del senador Santiago Zorrilla (PRM-El Seibo), la cual aprobó el Congreso el 7 de enero de 2025. El Poder Ejecutivo regresó esta tercera ley al primer Poder del Estado (el 20 de enero de 2025) para “enriquecerla en lo adelante”.

La cuarta, devuelta al Congreso Nacional para revisión, fue la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, ya que los senadores y diputados habían otorgado más poder y beneficios a los jueces de esa alta instancia que lo que debían tener.

Asimismo, en la legislatura extraordinaria de 2025, los senadores y diputados acogieron las observaciones del Ejecutivo a tres leyes: Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional; y Ley de Bien de Familia.

La octava ley observada por el mandatario fue en la segunda legislatura extraordinaria de 2025: la reforma a la Ley de Residuos Sólidos. De estas ocho piezas, siete fueron corregidas por los congresistas y promulgadas por el presidente de la República.

Luis Abinader
“Lo adecuado sería reconocer primero las deudas, verificar las acreencias y, una vez determinado el monto exacto, establecerlo en su articulado”

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