La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, homologó el acuerdo entre la Procuraduría y la empresa brasileña de aeronáutica Embraer, la cual admitió haber pagado sobornos para obtener contratos de venta de los aviones Super Tucano.

El representante legal de Embraer, Luis Rafael Pellerano, informó que como parte del acuerdo, dicha empresa pagó 7 millones de dólares de indemnización en el mes de agosto.

Conforme a los términos del acuerdo pleno, Embraer mantendrá la cooperación en la investigación de hechos relacionados con la venta de los aviones Super Tucano al Estado dominicano. De su lado, la Procuraduría General de la República exime a Embraer y a sus empleados de cualquier tipo de acusación formal.

Una nota de Embraer indica que el Ministerio Público Federal brasileño realizó su propia investigación y presentó acusaciones en Brasil contra algunos individuos.

Acusación

Además de Embraer, en la acusación presentada por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), están incluidos el exministro de las Fuerzas Armadas mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.

Ayer, el procurador Jean Rodríguez valoró como un hito en la lucha contra la corrupción, la condena de 7 millones de dólares impuesta a Embraer que admitió el pago de 3.5 millones de dólares en sobornos para obtener la venta de los aviones Super Tucano a la Fuerza Aérea Dominicana.

Paga el doble de lo equivalente al soborno

Jean Rodríguez destacó que con este acuerdo se recupera el doble de los 3.5 millones de dólares que le fueron defraudados al pueblo dominicano mediante los sobornos pagados para la adquisición de ocho aviones Super Tucano, en el año 2009. El jueves 20 de septiembre el tribunal dará lectura íntegra a la homologación del acuerdo entre la empresa y el Estado dominicano.

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