Envían caso Awilda Reyes a tribunal ordinario

Luego de que la exjueza Awilda Reyes Beltré renunciara a su cargo como jueza y de que el Consejo del Poder Judicial la destituyera y la inhabilitara por cinco años, el juzgado de la instrucción Especial del Distrito Nacional declinó conocer el juicio&

Luego de que la exjueza Awilda Reyes Beltré renunciara a su cargo como jueza y de que el Consejo del Poder Judicial la destituyera y la inhabilitara por cinco años, el juzgado de la instrucción Especial del Distrito Nacional declinó conocer el juicio y envió el caso a la jurisdicción ordinaria.A través de la resolución 02-2017, la jueza de la Instrucción Especial del Distrito Nacional, Ramona Rodríguez López, declaró la incompetencia del juzgado bajo su dirección del conocimiento que se sigue a Awilda Reyes Beltré y a Francisco Arias Valera, a quienes el Ministerio Público acusa de prevaricación.

La decisión obedece a que Reyes Beltré ya no tiene la condición de jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por lo que el caso fue enviado a la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional a los fines de que se realice el sorteo correspondiente y se asigne un tribunal ordinario para que conozca la causa.

El pasado 30 de marzo, Reyes materializó su renuncia ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ) y a su salida de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) leyó un comunicado en el cual resaltó que el juicio disciplinario que le realizó el Consejo del Poder Judicial, “fue un espectáculo de circo judicial” y señaló que la independencia no existe, nadie se atreve a garantizarle derechos a nadie si los jueces no tienen garantía o los suspenden para investigar y los presionan con llamadas sugerentes desde un Departamento de la Dirección de Carrera Judicial”.

El 13 de enero del 2016, el MP solicitó la designación de un juez de instrucción especial y la fijación de fecha para que se conociera la acusación y la solicitud de apertura a juicio de fondo en contra de Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, acusados de prevaricación, asociación de malhechores y otros delitos, por presuntamente recibir pagos para emitir sentencias a favor de personas vinculadas a sicariato y narcotráfico.

El proceso estaba suspendido desde septiembre de 2016.

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