Padres que aman, pero no saben: entre la fe y la negligencia estructural
La pobreza tiene múltiples formas de esclavitud, pero en América Latina suele camuflarse como un sueño. En barrios empobrecidos de República Dominicana, el béisbol no es solo un deporte: es una ruta de escape, un boleto sin retorno, una promesa silenciosa de salvación.
Padres con más fe que información entregan a sus hijos a academias que operan como templos del rendimiento, sin preguntarse quién regula, quién cuida, quién inyecta. Y cuando la tragedia ocurre, nadie responde.
En julio de 2024, el caso de Ismael Ureña Pérez, un adolescente de 15 años fallecido tras la exposición a sustancias irregulares expuso lo que por años se había denunciado sin eco: menores de edad están siendo dopados, presionados y expuestos a sustancias prohibidas mientras persiguen el sueño de ser firmados por la MLB. Este artículo no es solo un homenaje póstumo a un niño que murió jugando, sino un grito legal: la ignorancia no puede ser custodia, y el Estado no puede seguir mirando hacia otro lado.
Ismael no fue abandonado. Fue entregado. Su madre, Iris Pérez, y su padre, Inoel Ureña, lo confiaron a una academia deportiva porque creían que allí su hijo tendría más oportunidades. Querían dejar el mercado, comprar una casa, salir del callejón donde vivían. Él les decía: “Los voy a sacar de aquí, papi. Yo voy a firmar”. Lo que no sabían era que ese mismo sueño sería capitalizado por un sistema informal, carente de regulación, con entrenadores no certificados y sin vigilancia médica.
Esta entrega por necesidad no puede seguir justificando la omisión del Estado. En términos jurídicos, el consentimiento dado desde la ignorancia, la desesperación o el hambre, no sustituye la responsabilidad institucional de garantizar la salud, la integridad y la protección de los menores. La ignorancia no puede ser custodia. Ni el amor basta. Ni la fe reemplaza la ley.
El caso Ismael Ureña Pérez
Ismael murió el 25 de julio de 2024. Según denuncias de su madre, al menor le fue suministrado un esteroide de uso veterinario llamado “caballín”, una mezcla que puede incluir boldenona, estanozolol, trembolona o testosterona sintética, diseñada para estimular la musculatura de caballos o toros.
Presentó síntomas progresivos: ictericia, orina sanguinolenta, vómitos, debilidad muscular, pérdida de conciencia. El análisis de laboratorio realizado el 22 de julio arrojó una enzima crítica en 468.40 —más del doble del límite superior normal—, indicando fallo hepático, renal y multiorgánico. Tres días después murió. Tenía 15 años. Al cierre de esta edición contando un año de la muerte sus padres no reciben la autopsia .
¿Qué es el “caballín”?
El caballín no es una sustancia única, sino un apodo callejero para mezclas veterinarias de esteroides anabólicos, diseñadas para animales grandes. En humanos, especialmente en menores, puede causar:
- Daño hepático severo
- Hipertrofia cardíaca
- Infertilidad irreversible
- Atrofia testicular
- Desequilibrios hormonales extremos
- Paro respiratorio o cardíaco
Su aplicación a Ismael, sin consentimiento, sin prescripción y sin seguimiento médico, constituye una violación múltiple de la ley y una forma de tortura física. La autopsia oficial, increíblemente, aún no ha sido entregada a los padres, a casi un año del fallecimiento.
¿Qué dice la ley dominicana?
El Código del Menor (Ley 136-03) establece la protección integral del niño, y obliga a cualquier persona o institución que tenga su guarda o custodia —temporal o permanente— a proteger su salud física, emocional y moral. También impone sanciones ante cualquier forma de abuso o negligencia.
La Ley 356-05 de Deportes exige que todo entrenamiento juvenil esté orientado a la salud, la formación integral y la ética deportiva. El uso de sustancias para acelerar rendimiento, sin control médico ni respaldo legal, es una infracción directa a esta ley.
La Ley 42-01 de Salud Pública prohíbe la administración de medicamentos no autorizados, y la Ley 50-88 de Drogas sanciona penalmente el uso, distribución o posesión de sustancias anabólicas sin receta.
Y, sin embargo, ninguna de estas leyes fue aplicada en tiempo real para proteger a Ismael ni a otros niños expuestos en academias similares.
El expediente judicial: víctimas tratadas como imputados
La familia Ureña Pérez, junto a sus abogados de la Fundación Funfasinvi, interpuso una querella formal contra el propietario de la academia, Jordi Cabrera, por homicidio involuntario, violación de la ley de salud, uso de drogas prohibidas y negligencia institucional.
Pero lo más alarmante ocurrió cuando la Fiscalía, en vez de recibir la denuncia como corresponde, citó a los padres y al hermano de Ismael como imputados, tras una contradenuncia del entrenador alegando sentirse amenazado.
En cualquier otra jurisdicción, esto sería impensable: revictimizar a una familia que acaba de perder un hijo por negligencia de un tercero con poder e influencia.
¿Y qué pasa en otros países?
Estados Unidos, por ejemplo, obliga a toda academia que reciba menores a contar con:
- Licencia estatal
- Supervisión médica
- Personal certificado
- Consentimiento informado firmado por los padres
- Inspecciones periódicas del Departamento de Salud o Educación
Además, el U.S. Center for SafeSport prohíbe la administración de sustancias dopantes en atletas menores y establece protocolos de emergencia ante cualquier denuncia de abuso físico, médico o psicológico. En México, España y Colombia también existen leyes específicas para proteger a menores deportistas. En República Dominicana no.
Cualquiera puede abrir una academia de béisbol. No necesita licencia. No necesita registro en Salud Pública. No tiene que rendir cuentas ante MIDEREC. Tampoco hay base de datos nacional de entrenadores, ni lista negra para quienes hayan sido acusados de negligencia, dopaje o maltrato.
El resultado: niños que viven lejos de sus padres, bajo supervisión de adultos sin certificación médica, que los presionan física y psicológicamente para “firmar”. Y para que rindan más, los dopan. O les venden la idea de que deben “ponerse ready”.
¿Qué puede hacerse?
- Crear una ley especial para academias deportivas privadas, que regule su operación, exija licencias, inspección médica y control antidopaje.
- Establecer una unidad del Ministerio Público para delitos deportivos y de menores, con fiscales especializados.
- Crear un registro nacional de academias, entrenadores y casos reportados, con posibilidad de inhabilitación por negligencia.
- Modificar el Código del Menor para incluir como delito el dopaje de menores bajo custodia, aún con consentimiento de los padres.
- Obligar a las academias a proveer informe médico trimestral de cada menor inscrito.
- Crear un fondo de reparación estatal para víctimas del dopaje deportivo infantil.
