El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) presentó ayer su posición sobre la reforma electoral aprobado por el Senado.
A través de un comunicado, la entidad electoral expresa su preocupación por aspectos medulares del sistema electoral que no fueron objeto de reforma, y que ahora será conocido en la Cámara de Diputados.
Tras dos reuniones durante dos días consecutivos para revisar la pieza aprobada, el Pleno observa que, en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la ley vigente.
Dice que tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes.
Señala que de haberse aprobado lo antes expuesto, se contribuiría con disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular; crear condiciones de equidad en la contienda; y facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña.
De igual manera, el Pleno expresa que no se acoge la propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías, “lo que genera consecuencias negativas, tales como: aumentar los conflictos intrapartidarios y el costo de las campañas; forja complicaciones en el proceso operativo de escrutinio y, sobre todo, configura un sistema político donde se prioriza a las personas y los recursos por encima de las propuestas programáticas o ideológicas.
Igualmente, el Pleno añade a lo anterior que se elimina la facultad de dictar medidas cautelares del órgano, lo que disminuye sus garras para que cautelarmente se puedan dictar medidas temporales en aras de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral.
Modificar el actual artículo 25 de la Ley 15-19 merma a la autoridad y autonomía del Pleno de la JCE
“Además, no se aprueba la propuesta de paridad de género ni los criterios de paridad vertical y horizontal para la presentación de listas de candidaturas”, expresa el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez.
El presidente de la JCE se pronuncia en compañía de los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Samir Chami Isa, así como las suplentes Lourdes Salazar y Anibelca Rosario.
Asimismo, manifesta que la modificación del actual artículo 25 de la Ley 15-19 (artículo 27 del proyecto de ley) constituye una merma a la autoridad y autonomía del Pleno de la JCE, toda vez que se le impone el pronunciamiento a solicitud de las organizaciones políticas sobre cuestiones que quedan abiertas.
“Además de la celebración de audiencias periódicas, incluso mensuales, durante el año electoral, convirtiendo al órgano administrativo en uno contencioso electoral, lo cual es contraproducente con su naturaleza constitucional de organizar el proceso”, dice Jáquez Liranzo.
Destaca que consideran importante que en el proceso de evaluación, análisis y posterior aprobación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, se valore la aprobación del financiamiento político público con la fórmula y los criterios sugeridos por la JCE, los plazos de precampaña, el orden de la boleta electoral y los topes de gastos de precampaña.
“La Junta en el marco de la indicada reforma, desempeñó el papel que le corresponde y a la altura de las actuales circunstancias, razón por la cual aspira a que se concreten todos los esfuerzos para que las elecciones de 2024 se celebrén como lo establece la Constitución”, sostiene Jáquez.
Valora esfuerzo de los legisladores en la reforma
La Junta Central Electoral valora el esfuerzo y el compromiso que en torno a la indicada reforma que han mostrado los legisladores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.
Tambiéen de los miembros de la Comisión Especial del Senado que llevaron a cabo los trabajos para la indicada reforma, presidida por el senador Ricardo de los Santos Polanco.
El Pleno de la JCE destaca que, en el proyecto, que ha sido objeto de aprobación por el Senado de la República, acogieron una importante cantidad de aspectos, dentro de los cuales se encuentran la inclusión de un catálogo de principios rectores del proceso electoral, lo cual contribuirá a una administración electoral mucho más eficaz, así como a un adecuado entendimiento y comprensión de los aspectos fundamentales que caracterizan lo electoral.
“Fueron acogidas las propuestas que hizo este órgano en torno al régimen de plazos, que incluye la regulación de la campaña electoral, lo cual dotará de mayor certeza cada una de las etapas electorales”, señala Jáquez Liranzo.
Además, valora que acogieran las sugerencias que hizo la JCE en torno a la actualización de la ley, en cumplimiento de las decisiones dictadas.
