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Santo Domingo.- El viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, doctor Juan Manuel Rosario, advirtió que las repatriaciones de parturientas haitianas hay que continuarlas porque con las críticas para su detención se pretende que a través del “chantaje emocional” hacer que República Dominicana recule en su derecho a aplicar la política migratoria como país soberano.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, califica como correcta las repatriaciones de parturientas haitianas ilegales.
“Las repatriaciones hay que continuarlas, le hago hincapié en eso porque está muy bien sustentado, se puede decir porqué esas parturientas vinieron al hospital…, no se tiene que pensar, es que no debieron nunca llegar al hospital”, significó.
Rosario se preguntó quién trae a las parturientas haitianas para que den a luz en los hospitales del país, que no está obligado a que una ilegal llegue al territorio nacional embarazada y en seguida esté reclamando derechos.
“No tiene lógica que un grupo de gente llegue a una hora determinada por la frontera y al poco tiempo diga que tiene derechos, eso parece una poesía en materia del manejo del asunto público, eso no parece nada que tenga que ver con el manejo del Estado”, agregó.
Afirmó que el responsable de darle salud y educación a esa persona es el Estado al que pertenece.
Aseguró que Amnistía Internacional debería preocuparse más por el tráfico de migrantes y verificar si realmente las parturientas haitianas son víctimas de este delito.
“Entonces, si una persona entra al territorio nacional de manera ilegal, quién dijo que tiene el derecho a que usted le dé la salud, quién dijo que esa persona tiene derecho a que usted le dé educación, eso no es verdad, todo eso es mentira”, argumentó.
El jurisconsulto observa que República Dominicana no puede ni está obligada a asumir los problemas que tiene Haití.
“Verificar porqué esas personas vienen aquí y su país no le garantiza un centro de salud para sus partos, eso es lo que tiene que hacer, Amnistía no puede obligar a la República Dominicana que cargue con otra población”, sentenció.
Afirmó que se pretende hacer que República Dominicana recule en su derecho a aplicar la política migratoria que le corresponde como país soberano, “porque lo chantajean emocionalmente”.
“Eso es una forma de chantajear emocionalmente al que aplica política migratoria, le hacen creer que está haciendo las cosas muy mal y como aquí hay una alguna deficiencia de conocimiento en las personas que administran la cosa pública, ellos se aprovechan de eso y lo chantajean”, subrayó.
Observó que quienes cuestionan las autoridades dominicanas lo hacen con el objetivo de que se detengan las repatriaciones y no para que se corrijan y se hagan más efectivas.
“Sería bueno también que esos que adversan que se hagan las repatriaciones deberían también tener opinión sobre el ingreso masivo de ilegales al país, porque siempre veo un silencio cuando se trata de ese ingreso”, enfatizó.
Rosario manifestó que cuando se van a producir repatriaciones salen grupos a defender a los haitianos que ingresan de manera ilegal al país.
Considera que debe haber objetividad en el análisis de la migración irregular, porque no se puede partir de una visión particular, ideológica o a una agenda, los resultados no serían iguales al analizado desde las perspectivas de los intereses del Estado dominicano.
“Las medidas que ha tomado el presidente de la República son muy objetivas en función de las necesidades de la República Dominicana y nosotros hemos estado luchando porque esas medidas se apliquen porque el país lo necesita”, agregó.
El jurista indica que la preocupación de los derechos humanos es a favor de quien ingresa ilegalmente y no en el de los de los dominicanos.
Advirtió que el patrimonio y riqueza que hay en el país es del pueblo dominicano, lo cual constituye un sujeto de derecho humano colectivo.
“Si esa riqueza usted la distribuye entre extranjeros ilegales alegando que hay que respetarle los derechos humanos, está diciendo con eso que el extranjero tiene el derecho humano de solicitar que se le dé educación, salud y vivienda”, adujo.
El académico calificó como una aberración en el enfoque el que se pueda entender de esta manera, por la existencia de un sesgo muy profundo.
