El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional estableció que solo el Estado, a través de abogados apoderados, puede ser reconocido como actor civil en los casos de corrupción.
La jueza Yanibet Rivas, al dictar apertura a juicio en contra de los imputados en el caso Coral, reiteró la calidad que tiene el Estado para ser querellante y actor civil en los procesos.
Sostuvo que la designación del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) no transgrede las facultades del presidente de la República ni es una intromisión en las funciones del Ministerio Público.
“Una grandiosa decisión. Cuarenta y tres personas que tendrán que ir a juicio, no solamente a responder por sus crímenes contra el Estado y la ciudadanía, sino también a enfrentar la real posibilidad de pagarle al país una indemnización de RD$20,974 millones”, manifestó José Alberto Ortiz miembro del ERPP contratado por el Ejecutivo.
La jueza explicó: “En este proceso no ha operado que el equipo de abogados conformado por el decreto en representación del Estado haya usurpado, sustituido, suplantado o se haya apropiado de las facultades que concede la Constitución al Ministerio Público”.
La magistrada Rivas dijo que los ciudadanos pueden ser querellantes en los procesos de corrupción administrativa, pero no están facultados para pedir indemnización.
