Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ratificó la medida de prisión preventiva en contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, señalado por el Ministerio Público como el principal cabeza de una estructura que cometió maniobras fraudulentas en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, en perjuicio del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes y el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión fue adoptada por la magistrada Yerixa Cabral de la Cruz al acoger la solicitud formulada por el órgano persecutor, tras determinar que no han variado los presupuestos presentados en junio pasado, cuando se le impuso por primera vez el cumplimiento de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Durante la audiencia de revisión obligatoria, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador de corte adscrito a la Dirección General de Persecución, Eduardo Velázquez, y la fiscal de Santiago, Heidys de León.
Lora Cruceta, quien se desempeñó como presidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres.
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Estatus procesal de las coimputadas
En este proceso judicial también figura imputada su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, quien cumple igual medida de coerción en el CCR Rafey Mujeres. A Guzmán se le conoció un recurso en la Corte de Apelación de Santiago el pasado 2 de septiembre donde se ratificó su privación de libertad, fijándose la revisión obligatoria de su caso para el próximo 2 de diciembre al reiniciarse el plazo legal de tres meses.
Por otro lado, la exesposa del imputado, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien desempeñó funciones de vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato, permanece bajo la medida de arresto domiciliario tras haber renunciado a su derecho de revisión obligatoria.
Las investigaciones del Ministerio Público sostienen que los acusados aprovecharon sus posiciones directivas y de control en la entidad sin fines de lucro para enriquecerse de manera ilícita mediante esquemas fraudulentos que afectaron la operatividad del centro de salud y el acceso a servicios de pacientes oncológicos.
