El movimiento cívico Participación Ciudadana elevó una enérgica exigencia al Poder Ejecutivo de la República Dominicana para que publique de manera íntegra el Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito recientemente con los Estados Unidos, o que, en su defecto, proceda a dejarlo sin efecto de forma inmediata.
La organización advirtió que es perfectamente viable anular el convenio antes de que comience su ejecución formal. También denunció un velo de opacidad en torno a las negociaciones de este acuerdo migratorio, el cual faculta a las autoridades estadounidenses a utilizar el territorio dominicano como un puente de tránsito excepcional y temporal para la repatriación de ciudadanos extranjeros de terceras naciones hacia sus lugares de origen.
El colectivo de la sociedad civil desmitificó los argumentos oficiales de la Cancillería dominicana, señalando con contundencia que la supuesta naturaleza “no vinculante” del documento se desvanecerá en el instante en que el país reciba al primer contingente de deportados bajo este mecanismo.
Según la organización, la aceptación material de los extranjeros activará de manera automática obligaciones jurídicas ineludibles y de gran responsabilidad para el Estado dominicano frente a los compromisos internacionales, transformando lo que el Gobierno presenta como una simple declaración de intenciones en un tratado con implicaciones operativas y legales directas y permanentes que comprometen la soberanía nacional.
Participación Ciudadana alertó sobre un peligroso vacío logístico, financiero y normativo para la gestión de estas personas, debido a que el país carece actualmente de la infraestructura y el presupuesto necesarios para garantizar su custodia temporal, alimentación y asistencia médica especializada. El movimiento cívico enfatizó además el grave limbo legal que se generará en materia de derechos humanos, ya que la legislación dominicana prohíbe de forma taxativa la privación arbitraria de libertad de cualquier ciudadano extranjero que no haya cometido infracciones penales dentro del territorio nacional, lo que impedirá recluir a los deportados en tránsito y complicará drásticamente los esquemas de vigilancia y seguridad interna de los organismos del Estado.
PC pide ver otros ejemplos
La organización civil instó a las autoridades dominicanas a mirarse en el espejo de naciones hermanas de la región como Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, las cuales pactaron convenios de índole similar con la administración de Washington y terminaron asumiendo severas crisis de orden institucional, logístico y migratorio en sus fronteras.
La entidad reiteró que, sumado a los riesgos de seguridad y control de antecedentes de los repatriados, la falta de intérpretes judiciales aptos y las trabas diplomáticas para el retorno de estas personas, muchas de las cuales podrían alegar persecución en sus países para quedarse varadas en la República Dominicana, representan una carga insostenible que el Gobierno debe evitar mediante la anulación definitiva del acuerdo.
PC vinculó sus preocupaciones con otros movimientos recientes de política exterior y seguridad, como la renovación del uso de bases aéreas dominicanas por parte de Estados Unidos y la decisión del Gobierno de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.
Silencio oficial ante llegada de repatriados
El periodico elCaribe intentó obtener una declaración oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la información publicada ayer en su portada, la cual señala que el primer grupo de repatriados desde los Estados Unidos se encuentra listo para arribar a la República Dominicana.
No obstante, resultó imposible conseguir una respuesta de las autoridades competentes.
