Residentes de Guachupita, Los Guandules y La Ciénaga pidieron al Gobierno que eleve el monto del dinero en el desalojo de Domingo Savio o que les entreguen viviendas.
Aseguran que con la cantidad que les están dando no podrán adquirir otra vivienda, por lo que solicitan que se les entregue una casa en uno de los proyectos habitacionales que construye el Gobierno.
Los habitantes, luego de realizar una caminata que concluyó en el puente Francisco del Rosario Sánchez y celebrar una misa por el Día de la Virgen de las Mercedes, pidieron, además, que se les trate dignamente durante el desalojo de las familias.
El sacerdote Eduardo Figueroa, vicario general de las parroquias de los referidos barrios, dijo que muchas de las personas desalojadas aún están en casa de familiares.
“Que la gente esté en condiciones de ir a un sitio y poder construir una casa, comprar una, o que se le dé una casa normal, pero que no se le de dinero a la gente así, de esa manera”, dijo.
Asimismo, indicó que los desalojos realizados por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos (Urbe) los ejecutan en un horario no adecuado y con gran cantidad de agentes militares.
Mientras, otros residentes dijeron que las autoridades no están siendo justas con los propietarios de las viviendas, dándoles mayores beneficios a los inquilinos.
“Hay un trato muy desigual con relación a quienes son propietarios. Debe haber un poquito más de justicia en cuanto a eso. También que las personas del barrio tienen derecho de disfrutar de las mejorías que se realizan en torno al lugar donde se vive”, indicó Elvira Polanco.
Males
Los comunitarios también denunciaron que son afectados por la delincuencia, la falta de energía eléctrica.
Además, aseguraron que carecen de información por parte de las autoridades, en torno a las acciones que realizan en la zona.
Hasta el momento, aproximadamente 25 familias han sido desalojadas por Urbe del barrio La Ciénaga.
La semana pasada, la Presidencia de la República explicó que se trata de mejorar las condiciones de vida de 40,000 personas en los barrios de La Ciénaga y Los Guandules, y el primer paso fue trasladar a las personas que vivían en peligro al borde del río Ozama. El Gobierno indicó que tanto el dueño como el inquilino “recibieron una compensación económica y que dicho pago fue acordado según tasación”.