A seis años de su promulgación, la regulación del sector transporte y la educación vial son temas pendientes
L a esperada reforma que promovía la implementación de la Ley 63-17 no ha logrado encarrilar el sistema de movilidad, tránsito y transporte que impera en la República Dominicana hacia el modelo prometido.
A seis años de su promulgación los cambios significativos trazados en este marco de ley no terminan de aplicarse mientras los plazos establecidos vencen sin ver su cumplimiento.
Esto pese a que “las actividades de movilidad, transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial constituyen uno de los principales problemas económicos, sociales y de salud en la República Dominicana”, como indica el primer considerando de esta normativa.
En su artículo 339 de la Ley 63-17 establece que el Poder Ejecutivo emitirá, dentro de los seis meses de la constitución y funcionamiento del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y previo sometimiento del consejo directivo de la entidad, unos 32 reglamentos que luego fueron agrupados en 24.
Corre el año sexto, desde su aprobación y la lista de normativas para la correcta implementación de la ley no termina de completarse. La memoria institucional 2022 del Intrant enlista 15 reglamentos emitidos desde la entrada en vigencia de la ley.
Como autor y fiscalizador de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el diputado Tobías Crespo, en entrevista para elCaribe, se refirió a los puntos pendientes y pasó balance a las acciones desarrolladas.
“Los cambios estructurales todavía no han llegado, nosotros cuando estábamos discutiendo la ley, entendíamos que en un promedio de cinco a siete años íbamos a ver ese cambio y lo íbamos a ver en las calles, que el ciudadano lo sintiera en las calles”, expresa.
Uno de los puntos que luce más rezagado es la esperada transformación del transporte terrestre de pasajeros cada vez menos eficiente y costoso. Con miras a implementar la red vial del sistema de transporte colectivo y masivo que sirva de soporte a las estrategias de desarrollo, se destacan algunas acciones.
En consonancia con lo establecido, el Gobierno implementó corredores de autobuses en la Núñez de Cáceres, Winston Churchill y Charles de Gaulle. La iniciativa arrastró la conversión de poderosas organizaciones de transporte, que respondían a nombre de sindicatos, a empresas del sector.
Así entraron en operación los primeros tres corredores de un plan que contempla la incorporación de unos 16 en distintos puntos del país.
Como efecto, el proyecto traería el reemplazo de las unidades del servicio público de transporte. Sobre el particular, la Ley 63-17 sostiene que el Intrant “establecerá el cronograma de retiro paulatino de las unidades de transporte terrestre chatarras o en mal estado en sus distintas modalidades, en un plazo que no podrá exceder de diez años, que se encuentren laborando a la fecha de la promulgación de esta ley, hasta que alcancen la vida útil máxima establecida en el artículo 40”.
Conforme a lo estipulado, los vehículos reemplazados deberán ser sacados del Registro Nacional de Vehículos de Motor por la Dirección General de Impuestos Internos y demolidos de inmediato por el Intrant.
A juicio de Tobías Crespo “esta deschatarrización no es real”. Asegura que los precarios vehículos reemplazados son llevados a otras rutas.
“La ley manda a deschatarrizar, a que esos vehículos se les dé de baja y no vuelvan a circular, no tiene sentido mover el problema de la Núñez, de la Churchill, de la Charles de Gaulle a otro corredor”, señaló.
En materia de regulación, dice que hay poco que exhibir. “Nosotros aspirábamos a que esos tiempos pasaran, a que el sistema de transporte fuera a un nivel de eficiencia y de calidad donde hubiese vehículos en buen estado, frecuencia, itinerario, una tarifa justa porque también nosotros estamos pagando transporte caro, pero obsoleto, ineficiente, retrasado, sin calidad en el servicio”, deplora.
Uno de los temas pendientes es la implementación de la Inspección Técnica Vehicular, programa que a más de un año de ser declarado de interés público no logra cuajar.
Se espera que de octubre a noviembre de este año entre en marcha el Sistema de Licencia de Conducir por Puntos, y así anotarse un avance importante en materia de regulación y seguridad vial.
Indicador no logra bajar
La Ley 63-17 ordena a la Escuela Nacional de Educación Vial a establecer políticas públicas de la enseñanza de la educación vial para concientizar y prevenir las inconductas derivadas de la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial. Al respecto, Tobías Crespo sostiene que todavía no se ha empezado a implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. “El Observatorio Permanente de Seguridad Vial está ahí, pero el objetivo que nosotros queríamos era que por lo menos al 2030 pudiéramos reducir a la mitad las víctimas mortales por accidentes de tránsito”, sostuvo. En ese sentido, ve imperante trabajar sobre los factores de riesgos, tales como alcohol, el exceso de velocidad y el incumplimiento de las señales de tránsito. En atención a las muertes por accidentes de tránsito hizo énfasis en la necesidad de una regulación efectiva de las motocicletas, bajo el mandato de la ley, dado que aportan el 68 % de las víctimas mortales por siniestralidad vial.
