Un proyecto de ley en la Cámara de Diputados propone la creación de una Comisión Nacional de Depuración Normativa (CNDN), adscrita al Poder Ejecutivo, para eliminar las leyes que no se aplican en el país y aquellas que se repiten.
El propósito de la iniciativa es establecer un marco integral de depuración normativa, simplificación administrativa, racionalización regulatoria y modernización económica.
Se trata del “proyecto de ley de depuración normativa, simplificación económica y libertad productiva (Ley de Poda)”, sometido por el diputado nacional Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
De acuerdo al congresista, quien conversó con elCaribe, entre las leyes a revisar por la CNDN estaría la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, la cual establece que los ayuntamientos deben recibir el 10% de los ingresos del Estado, ya que en la práctica esto no se aplica. En los últimos años los cabildos han recibido un porcentaje muy inferior al que consigna la Ley.
Asimismo, la Comisión Nacional de Depuración Normativa examinará la Ley 5778, de autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), promulgada el 31 de diciembre de 1961. El marco jurídico establece que el Estado debe destinar cada año a la universidad un subsidio del 5% del Presupuesto Nacional para su financiamiento.
La Ley 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, reafirma este mandato y establece que la inversión pública en educación no debe ser inferior al 5% del presupuesto de ingresos y gastos, tomando como base lo establecido en la Ley 5778.
“La inversión pública a ser ejecutada en el primer año de entrada en vigencia la presente ley no deberá ser inferior al cinco por ciento (5%) del Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos asignado en la ley 5778, del 31 de diciembre de 1961, que declara la autonomía a la Universidad de Santo Domingo y que serán destinados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y universidades públicas. Además deberán incluir las subvenciones asignadas a las demás instituciones de educación superior”, cita el artículo 91 de la Ley 139-01.
Aunque ambas leyes señalan la obligación del Estado de entregar la partida del 5%, la realidad es que desde hace varios años este principio no se aplica.
Las disposiciones del proyecto de ley Poda, según su artículo 2, serán aplicables a todos los órganos y entes de la Administración Pública centralizada y descentralizada.
Unas 30 leyes atan el presupuesto
El pedimento de revisión a las leyes que atan al presupuesto no es de ahora. En enero de 2018, el entonces ministro de Economía, Isidoro Santana, favoreció la eliminación de leyes y disposiciones que comprometen el presupuesto público en porcentajes, aunque algunas de ellas estén justificadas desde el punto de vista de la racionalidad social.
Entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, el funcionario explicó que, en concreto, hay cerca de 30 leyes con asignaciones fijas que comprometen un volumen alto del Presupuesto del Estado, entre ellas las legislaciones citadas más arriba y la Ley 194-04, sobre Autonomía Presupuestaria.
Dicha ley indica, en su artículo 3, que el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán de por lo menos “un 4.10% de los ingresos internos”, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. Sin embargo, los gobiernos cumplen con este mandato de manera parcial.
Auditorías en un plazo de 18 meses
El proyecto de ley propuesto por Elías Wessin dice que la CNDN estará integrada por representantes del Poder Ejecutivo, expertos en derecho administrativo, economía regulatoria y representantes del sector productivo.
La Comisión, en 18 meses como máximo a partir de la publicación de esta ley, deberá realizar auditoría del marco normativo, identificar normas obsoletas o redundantes y proponer su derogación. También iniciará funciones dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la pieza. El presidente de la República adecuará los sistemas digitales institucionales en 24 meses como máximo y dictará el reglamento de aplicación de la legislación en un plazo no mayor de seis meses.
Carga legislativa 5 años de vigencia y se prohíbe inflación normativa
La propuesta establece que toda regulación que implique costos de cumplimiento tendrá vigencia máxima de cinco años salvo evaluación positiva. También que no podrá emitirse una nueva regulación sin eliminar primero normas equivalentes o superiores en carga administrativa.
La pieza crea un sistema técnico para evaluar los efectos económicos y regulatorios de las normas, el cual -como su nombre indica- evaluará impacto en costos regulatorios, formalización económica y litigiosidad administrativa. La administración mantendrá un portal público para visualizar inventario normativo y métricas regulatorias.
Servirá para trámites económicos
El pliego de ley dispone la implementación de la Ventanilla Única Nacional Digital, que concentrará los trámites relacionados con la actividad económica y buscará reducir la burocracia estatal.
Además, establece, en sus artículos 9 y 12, el silencio administrativo positivo. Se refiere que si una institución pública no responde dentro del plazo legal, la solicitud del ciudadano o empresa se considerará aprobada, “salvo excepciones justificadas”. El proyecto legislativo deberá agotar su trámite en el Congreso para ser ley y ser promulgado por el PE para ser efectivo.
