El Senado aprobó en única lectura las modificaciones de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que reforma la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley núm. 225-20), introduciendo nuevas definiciones, atribuciones, la creación de un fideicomiso y un sistema de contribución especial.
La iniciativa, impulsada en el Senado por los legisladores Ramón Rogelio Genao y Ginnette Bournigal, ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Previamente fue objeto de significativas modificaciones por parte de la Cámara de Diputados, que buscan fortalecer y modernizar el marco normativo para una gestión de residuos más eficiente y sostenible en toda la nación.
Las reformas aprobadas incorporan nuevas definiciones como “Estación de transferencia” y “Plantas de Valorización”, fundamentales para optimizar el transporte y la clasificación de los residuos.
De acuerdo a la pieza legislativa, los ayuntamientos y juntas de distritos municipales adquieren mayores responsabilidades en la implementación de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos (PMGIR) y en la aprobación de ordenanzas para la clasificación en la fuente.
La pieza refuerza el principio de que el generador de residuos es responsable desde su producción hasta su disposición final, promoviendo activamente la reducción y separación en la fuente.
Asimismo, se crea un Fideicomiso Público-Privado, financiado por una contribución especial obligatoria para personas jurídicas con ingresos reportados a la DGII. Este fideicomiso operará y gestionará fondos para la disposición final, estaciones de transferencia y plantas de valorización, con la prohibición expresa de otorgar préstamos a entidades lucrativas. A partir del 1 de enero de 2026, se prohibirá la producción y venta de envases de foam que no utilicen aditivos biodegradables, incluyendo fundas poliméricas. Además, se otorga un plazo de 36 meses a los productores de foam, fundas y botellas plásticas para integrarse a programas de responsabilidad extendida.
La ley exige que los productos de foam se biodegraden en un 20% en el primer año y en un 90% en cinco años, proceso que deberá ser certificado y auditado anualmente.
Impulso a la Economía Circular
La normativa aprobada obliga a las cementeras a incorporar combustibles derivados de residuos y a las mezcladoras de asfalto a utilizar un porcentaje de material plástico reciclado, fomentando así la reutilización y el aprovechamiento de los desechos.
La ley establece una limitación de un vertedero por provincia y una planta procesadora por cada diez regiones (a excepción de la región Ozama), buscando una distribución más eficiente y controlada de la infraestructura de gestión de residuos.
Se implementó un ajuste en las tarifas de contribución especial para empresas, las cuales variarán según sus niveles de ingresos. Las empresas con ingresos de hasta RD$1 millón pagarán RD$3,000; aquellas con ingresos de hasta RD$10 millones, RD$6,000; hasta RD$25 millones, RD$20,000; y hasta RD$100 millones, RD$675,000. Adicionalmente, a partir de 2026, se establecerá una contribución de RD$20 por habitante, destinada a fortalecer los recursos de los gobiernos locales.
Críticas a la reforma de la ley de residuos sólidos
La modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha generado críticas de diversos sectores. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) había calificado las tarifas iniciales como “desproporcionadas” y sin sustento técnico, previendo un impacto negativo en las Mipymes. Por su parte, Ecored lamentó que la reforma se aprobara sin consulta pública, y la considera un retroceso.
