Al ser abordado sobre las implicaciones legales que pueden tener el Estado por las muertes a causa del derrumbe de una de las paredes del desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, el abogado Francisco Álvarez Martínez aseguró que el Estado es responsable de todo lo que les ocurra a los ciudadanos, tanto nativos como extranjeros.
“¿El estado es responsable de todo lo que nos ocurra a los ciudadanos o a personas que vienen de fuera y que están, vamos a decir, de paso en nuestro país? Sí, siempre que algo suceda y genere un daño, y ese daño esté vinculado a una acción u omisión del Estado dominicano a través de sus funcionarios y que tú puedas relacionar esa acción u omisión con lo que ocurrió y el perjuicio vinculado a una persona. El Estado va a ser responsable”, explicó el jurista.
Precisó que la responsabilidad del Estado ante eventos de desastre es crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, indicó que es fundamental que el Estado y sus funcionarios prevengan, mitiguen y respondan adecuadamente a situaciones de desastre, como tormentas o inundaciones.
Al referirse a las versiones sobre los daños que presentaba la infraestructura, sostuvo que la información previa sobre posibles riesgos y la necesidad de tomar medidas correctivas deben ser tenidas en cuenta por el Estado. Dijo que si hay conocimiento previo de problemas estructurales o vulnerabilidades en determinadas áreas, el Estado tiene la responsabilidad de abordar estos problemas y tomar medidas preventivas.
“El funcionario que asume una función pública automáticamente es nombrado, generando un arrastre de todas las responsabilidades que incluso el anterior incumbente había dejado sobre la mesa, porque si hace 5, 10 o 15 años al Estado dominicano se le dice ‘mira, es posible que ese muro que está ahí se llene de agua’, ya sin importar quién fue que lo construyó, quién lo diseñó… él tiene los elementos para saber que algo hay allí que hay que corregir”, dijo.
Indicó que, en el caso de desastres naturales, se suele invocar la “fuerza mayor” como eximente de responsabilidad. Sin embargo, si hay conocimiento previo y se han identificado medidas preventivas que podrían haberse tomado, la aplicación de la fuerza mayor puede cuestionarse.
Dijo que los ciudadanos afectados por desastres tienen derecho a esperar que el Estado responda de manera eficiente y proporcione ayuda y apoyo adecuados.
En cuanto a la responsabilidad legal, manifestó que los funcionarios públicos también pueden ser responsables de sus acciones u omisiones. Agregó que si se demuestra que un funcionario no cumplió con sus deberes y esto contribuyó al daño, podría ser considerado responsable tanto a nivel administrativo como, en algunos casos, a nivel penal.
“Evidentemente, tú tienes que tener la prueba de lo que estás diciendo, de que hubo un daño que pudo haber sido prevenido, que fue a causa de una omisión de un funcionario. Que es como se expresa el Estado, porque el Estado es un ente etéreo que no se materializa a través de la acción de sus funcionarios y por eso es el responsable por lo que sus funcionarios hacen”.
Expresó que la búsqueda de indemnizaciones a través de los tribunales puede ser un proceso complicado y largo.
Indicó que la responsabilidad social también juega un papel crucial. La sociedad debe estar informada y consciente de sus derechos, y es fundamental exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y gestión de desastres. Generar conciencia y presión social puede ser un catalizador para mejorar la respuesta del Estado ante situaciones similares.
