El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dijo que desde su posición ha establecido lazos de comunicación con el director de la Policía Nacional para tratar la mala práctica de la divulgación de nombres y fotografías de personas acusadas de haber cometido algún crimen o hecho violatorio de la ley.
A raíz de una campaña iniciada por este medio, en la que se llama a detener la divulgación de datos personales y fotografías de acusados a través de los medios de comunicación en general, Ulloa afirmó haber iniciado acciones desde la Defensoría del Pueblo a la cual ya se han acercado varios ciudadanos que en algún momentos fueron acusados de haber cometido hechos delictivos y resultaron luego descargados, sin embargo su nombre y dignidad se vieron afectados.
“Nos hemos unido a la posición de elCaribe, creemos y defendemos el derecho a la intimidad y además a la presunción de inocencia”, porque muchos resultan verdaderamente ser delincuentes pero, ¿y los que no?, además de que todos (aún delincuentes), tenemos derechos que deben ser respetados”, enfatizó el defensor del pueblo.
Agregó que apela al Código Procesal Penal para poder garantizar que las personas que hayan sido apresadas se les permita comparecer en un juez antes de darlos por culpables y difundir su imagen como tal.
Indicó, igualmente, que el Ministerio Público tiene en sus manos la decisión de detener esta acción, ya que para la Policía Nacional irrumpir en algún lugar y apresar personas deben ser acompañados por un fiscal. Enfatizó en la necesidad de generar espacios donde se le haga conocer a los ciudadanos que no se deben violentar sus derechos de imagen e integridad.
Sobre iniciativa de elCaribe
El periódico elCaribe ha iniciado una campaña llamado a la conciencia sobre el respeto a derechos fundamentales como el de la integridad, pues a pesar de que la Constitución de la República y varias legislaciones establecen sanciones por la publicación y reproducción de imágenes, datos, videos o cualquier información que irrespete la intimidad y el honor de las personas, algunas entidades son recurrentes en violar esa disposición sin que haya consecuencias. El artículo 95 del Código Procesal Penal establece que todo imputado tiene derecho a ser informado del hecho que se le atribuye, circunstancias de tiempo, lugar y modo; recibir un trato digno durante el arresto y que no se vulneren sus derechos. En la Carta Magna (artículo 69, numeral 3) se plantea: “El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable’’.
