El Foro Económico Mundial (FEM), en su informe de Competitividad Global 2016-2017, coloca a Nueva Zelandia en la posición 13 en el ranking de competitividad global, producto en gran parte de la fortaleza que exhibe su pilar de las instituciones: posición 3 entre los 138 países analizados. ¿A qué se debe esto? Dos factores resaltan. Nueva Zelandia es el país del mundo donde menos recursos públicos son desviados debido a la corrupción y es el segundo, después de Finlandia, donde menos percepción existe de pagos irregulares y sobornos. Junto a estos excelentes indicadores de probidad en el ámbito público, Nueva Zelandia exhibe al mundo algo quizás menos conocido: la segunda posición, después de Finlandia, en el índice de comportamiento ético de las empresas.
Nueva Zelandia cuenta con uno de los sistemas judiciales más independientes del mundo (posición 2, después de Finlandia). No aparece un caso de corrupción que los gobiernos de ese país hayan sometido a la justicia, que haya colapsado por presiones o influencias políticas. La experiencia internacional revela que disponer de un sistema judicial fuerte, capaz e independiente, constituye una condición de necesaria para reducir la corrupción. Existe un elevado consenso en el mundo y en nuestro país sobre lo anterior.
Lo que parece haber recibido menos atención es el elevadísimo comportamiento ético de las empresas en Nueva Zelandia. Es cierto que una justicia independiente del poder político y del poder económico, contribuye a que los agentes públicos y los privados acepten comportarse en el marco la institucionalidad y las leyes. Pero en el caso de los privados, esto no es suficiente. El caso de Nueva Zelandia revela la importancia que tiene una elevada percepción de riesgo frente a actos reñidos con las leyes, para motivar un comportamiento ético de los privados.
Nueva Zelandia tiene uno de los sistemas tributarios más competitivos y eficientes del mundo. La presión tributaria ronda el 29%, el doble de la nuestra. Por concepto de impuesto sobre la renta recaudan el 18.6% del PIB (13.1% pagado por las personas físicas y 5.5% por las empresas). El GST, equivalente de nuestro ITBIS, recauda 7.7% del PIB ¿Es que las tasas impositivas allá son más elevadas? No. Las tasas del impuesto sobre la renta de las personas físicas van desde 10.5% hasta 33%; no hay mínimo exento, todos los salarios están gravados. La tasa del impuesto sobre la renta de las empresas es de 28%. Y la tasa del GST o IVA es 15%, gravándolo todo, excepto alquileres, venta de tierras, servicios financieros y exportaciones de bienes.
¿Y por qué recaudan tanto? Porque en Nueva Zelandia la percepción de riesgo que enfrentan los contribuyentes es enorme. El que tenga dudas que le pregunte a Zai Jian Liang, dueño del restaurant Tasty Zone en East Tamaki, quien evadió el equivalente de RD$26.6 millones del GST (ITBIS) y del Impuesto sobre la Renta entre 2009 y 2015, al no declarar las ventas en efectivo y apropiarse de parte de las retenciones de impuesto sobre la renta realizadas a sus empleados. El 19 de agosto pasado fue sentenciado a más de 3 años de prisión.
Sí, en Nueva Zelandia no existe impunidad frente a la evasión fiscal. Se castiga con multas significativas y, dependiendo del tipo de evasión, los evasores pueden ser sentenciados hasta 5 años de prisión. Esta práctica es bastante común en el mundo. En muchos países de nuestra región, la evasión fiscal puede conllevar a privación de libertad.
Lo que no es común es una práctica que se inició en Nueva Zelandia cuando se aprobó la Ley de Administración Tributaria de 1994 (“Tax Administration Act”), la cual obligaba al Comisionado de Ingresos Internos a publicar periódicamente los nombres de los evasores de impuestos, fuesen personas físicas o empresas. ¿Cómo se llamaba la publicación? “Gazette of Tax Evaders” o Gaceta de Evasores de Impuestos.
Los neozelandeses afectados por los recursos que retenían los evasores, durante años venían reclamando a los gobiernos que dejaran de protegerlos y procediesen a publicar los nombres de los evasores. La Gaceta de Evasores de Impuestos, una vez comenzó a publicarse, aunque provocó indignación y consternación nacional, indujo a una mejora sustancial en el cumplimiento de los contribuyentes. La obligación de publicar los nombres de los evasores de impuestos en Nueva Zelandia fue eliminada en la reforma impositiva del 21 de junio del 2005.
Particularmente pienso que publicar los nombres de los evasores de impuestos, en cualquier país, daría lugar a controversias y posiblemente a desconsideraciones y humillaciones innecesarias, pues en un país como el nuestro, tanto en el ámbito público como privado, es posible incurrir en errores, descuidos y olvidos.
Lo que sí podría contemplarse en una futura reforma del Capítulo I del Código Tributario es la obligación, tanto de la Dirección General de Impuestos Internos como de la Dirección General de Aduanas, de colocar permanentemente en sus portales el nombre de los contribuyentes y el monto de impuestos pagados. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la DGII subiría a su portal los nombres de todos los asalariados, trabajadores independientes, empresarios, políticos, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, banqueros, financistas, economistas, periodistas, productores y productoras de programas de televisión, comentaristas, entre otros, con el monto del impuesto pagado, colocándole cero a los que, por las razones que fuera, no hayan pagado nada, probablemente una minoría insignificante. Lo mismo se haría en el caso de las empresas, sin importar si están acogidas o no a regímenes de incentivos. Subiría también el nombre y monto pagado por los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI). Y claro, el nombre de cada una de las empresas que entregan a la DGII el ITBIS y los impuestos selectivos al consumo que han cobrado a los consumidores, una medida que al favorecer la transparencia, allanaría el camino a una competencia liberada de la ventaja impositiva desleal que provee la evasión.
Alguien podría preguntar si esto es realmente necesario. Pienso que sí. Todos sabemos desde hace años que el Foro Económico Mundial nos coloca muy mal en materia de corrupción. En el 2016, aparecemos en la posición 133 entre 138 países en materia de desviación de recursos públicos debido a la corrupción. El FEM llega a este resultado a partir de encuestas que la Escuela de Negocios del INTEC envía anualmente a unas 83 empresas del país para que otorguen las puntuaciones en cada uno de los 123 indicadores utilizados por el FEM para calcular el índice de competitividad global. Todo parece indicar que esas encuestas no están siendo llenadas por el dueño o principal ejecutivo de esas empresas. ¿Por qué lo decimos? Porque no parecería sensato que los dueños o principales ejecutivos de esas 83 empresas se auto-incriminen cuando indican que el comportamiento ético de las empresas en la República Dominicana es uno de los nueve peores del mundo (posición 130 entre 138 países). Resulta obvio que esas encuestas están siendo llenadas por funcionarios o empleados de menor categoría que, sin embargo, perciben, correcta o incorrectamente, que los dueños de esas empresas están incurriendo en prácticas para evadir impuestos.
Visto lo anterior, todo, absolutamente todo lo que ha hecho Nueva Zelandia para tener la más baja corrupción en el mundo y competir con Finlandia en cuanto al más elevado comportamiento ético de las empresas, debemos implementarlo en nuestro país: una justicia realmente independiente y penalizaciones serias que permitan elevar la percepción de riesgo de los corruptos en el ámbito público y los evasores en el ámbito privado.
Lo único que no deberíamos copiar es la publicación de la Gaceta de Evasores Tributarios, pues esa práctica, felizmente descontinuada en Nueva Zelandia, tiene una connotación negativa que no contribuye a fomentar la armonía y la convivencia que debe existir entre el Estado y los privados. Por eso proponemos un enfoque positivo, unificador y conciliador: la publicación de lo que cada dominicano o extranjero radicado en el país, sea persona física o empresa, paga de impuesto sobre la renta, IPI, ITBIS y selectivo. Estoy seguro que los verdes de las marchas apoyarán esta propuesta. Tendrían la ventaja de que en una próxima marcha se sumarían los 2,000 empleados y funcionarios de la DGII, que asistirían con gorras y camisetas con el logo verde que identifica a la entidad recaudadora de impuestos. Sería una marcha hermosa. No sé por qué un discípulo de Mateo, ex cobrador de impuestos convertido en Apóstol, me aseguró que a esa marcha sólo asistirían 2,000 personas. Todavía no entiendo.
