PRM solicita a la JCE aplicar sanciones de ley a 97 funcionarios

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Orlando Jorge Mera llevó ayer la instancia la JCE.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó ayer a la Junta Central Electoral (JCE) aplicar las sanciones que establece la Ley Orgánica 15-19 del Régimen Electoral a funcionarios gubernamentales que al mismo tiempo han sido inscritos como candidatos en diferentes demarcaciones.
El grupo lo integran 97 funcionarios, entre ellos Margarita Cedeño Lizardo, de quien se alega que incurre en la violación no por su condición de Vicepresidenta de la República, sino como coordinadora del Gabinete Social de la Presidencial, y Francisco Javier Clark Vásquez, candidato a senador de Puerto Plata, quien es sub-contralor General de la República.

A través de una instancia, el PRM sostiene que el artículo 139 párrafo I de la ley 15-19 dispone que: “Todo funcionario o empleado público de los organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos, que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, sean postulados por una agrupación o partido político para cargos de elección contenidos en la Constitución y las leyes, desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la Junta Central Electoral o la junta electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones ipso-facto, con disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones”.

En consecuencia, señala que el artículo 280 de la ley antes citada en el numeral 3, establece que: ¨Los funcionarios que mantienen una relación estatutaria con la Administración y su relación se rigen por el derecho administrativo y que luego de serles aceptadas sus candidaturas, no presentaren licencia a sus cargos, como lo establece esta ley.¨ En este caso le será aplicada una sanción administrativa de uno (1) a doscientos (200) salarios mínimos y que el artículo 284 de la 15-19, dispone que: “Serán castigados con prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones”.

La instancia fue elevada a la JCE por Orlando Jorge Mera, delegado político, y Julio Peña Guzmán, suplente de delegado.
Luego de establecer diferentes motivaciones de orden constitucional y de otras disposiciones legales que prohíben la doble condición de funcionario y candidato, el PRM solicita a la JCE comprobar y declarar que los señores, y aporta los nombres de los 97 funcionarios (la lista completa está disponible en el portal prm.org.do) admitidos como candidatos en las resoluciones de admisiones de candidaturas y a la vez son funcionarios públicos, y aplicar las sanciones correspondientes establecidas en la ley 15-19, contra los señores antes mencionados.
Las leyes, 41-08 de Función Pública, 33-18, de Partidos Políticos, y el artículo 196 de la 15-19 establece que los funcionarios públicos que administren recursos del estado no podrán prevalerse de sus cargos, para desde él realizar campañas ni proselitismo a favor de un partido o candidatos.

El hecho es tipificado como delito electoral, castigado con prisión correccional de tres meses a un año y multa de hasta cinco salarios mínimos del sector público.

El PRM establece entre sus motivaciones para hacer la solicitud que se ha mantenido dando seguimiento y cuestionando el uso de recursos estatales en las campaña electorales y otras violaciones al ordenamiento jurídico, que traen como consecuencias lesiones graves al sistema político nacional, así como debilitar la democracia, la competencia en buena lid y resultados que sean fruto de la decisión libérrima de la mayoría del electorado.

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