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Santo Domingo.– La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Soraya Suárez, alzó la voz este jueves contra lo que calificó como una preocupante “flojera” en el sistema judicial dominicano para enfrentar los casos de difamación e injuria en contra de figuras públicas y ciudadanos, incluyendo miembros de su propio partido.
En una entrevista ofrecida a un medio digital, Suárez abordó el caso más reciente de su compañera de bancada, la senadora Faride Raful, quien ha sido blanco de ataques personales a través de plataformas digitales. “El caso de Faride es lamentable. Una comunicadora usó su espacio digital para mentir sobre su vida personal. Eso ha llegado a los tribunales, pero aún así vemos que las consecuencias tardan en llegar o son insuficientes”, expresó.
La diputada enfatizó que este tipo de ataques no solo afecta a la persona difamada, sino a su familia y entorno, especialmente a los hijos. “Faride tiene un hijo que va a la escuela. ¿Y si escucha comentarios que lo hieren? A veces los niños repiten lo que oyen en sus casas. El daño va más allá del personaje público”, advirtió.
Suárez también hizo referencia a otros casos similares que han afectado a figuras como Milagros Ortiz Bosch y a empresarios, señalando que aunque en algunos casos los responsables terminan pidiendo perdón, “el perdón no repara el daño”.
“La gente lanza una mentira, la viraliza y luego pide disculpas. Eso no puede seguir así. La justicia debe actuar con firmeza, con consecuencias reales. No es posible que alguien ensucie tu nombre y después lo recoja con un simple ‘lo siento’”, afirmó con firmeza.
Asimismo, reconoció que tanto los afectados como el sistema judicial han sido laxos en su accionar. “Nosotros como víctimas muchas veces no vamos a los tribunales, y cuando lo hacemos, nos encontramos con jueces y fiscales que no muestran el compromiso necesario. Eso tiene que cambiar”, subrayó.
Finalmente, Soraya Suárez apoyó la discusión de la nueva ley sobre libertad de expresión que cursa en el Senado, aclarando que no se trata de una ley mordaza, sino de un marco para garantizar el respeto sin coartar la libre opinión. “Usted tiene derecho a decir lo que quiera, pero no a mentir ni a destruir honras. La libertad de expresión no puede ser excusa para la difamación”, concluyó.
