Afectados por un incendio todavía están en el limbo

Ana Julia Sosa le llegó otra Navidad entre los escombros de la casa que hace un año y cuatro meses perdió por un fuego que además consumió otras 60 viviendas en el barrio Yagüita de El Ejido.

Santiago. Ana Julia Sosa le llegó otra Navidad entre los escombros de la casa que hace un año y cuatro meses perdió por un fuego que además consumió otras 60 viviendas en el barrio Yagüita de El Ejido.

La promesa del gobierno, incluida la palabra empeñada del Presidente Danilo Medina que visitó los desplazados por el siniestro, de llevarlos a un lugar seguro, aún no se cumple. Los afectados saben que tendrán que pasar el año nuevo a la intemperie o bajo lonas en las viviendas que quedaron paradas.

“Ni siquiera para Nochebuena vinieron para saber qué necesitábamos o para decir cómanse un bocado de arroz. Los vecinos me ayudaron a cobijar el techo de la casa que se me quemó para impedir que me moje, porque a cada rato me encontraban aparando agua”, expresa Ana Julia Sosa, quien tiene 74 años. Agregó que las autoridades los tratan como si fueran animales.

Julia Sosa, hija de Ana Julia y quien atraviesa por la misma situación, advirtió sobre los niveles de hacinamiento en que viven y que está afectando la salud de las personas residentes en la barriada. “Las casas que están deshabitadas y que resultaron quemadas son tomadas para tirar basura y esto causa problemas de contaminación”, expresó Julia Sosa.

Ani Belkis Ventura acusa a la gobernadora provincial, Aura Toribio, de engañar a los afectados con la promesa de llevarlos a un proyecto habitacional que sería levantado en unos terrenos en conflicto en el distrito municipal de La Canela, en el oeste de Santiago de los Caballeros.

“Allá solo dieron el primer picazo y desde entonces no sabemos cómo va el proyecto, pues la gente de esa zona se oponen a que nos trasladen hasta allá”, refiere Ani Belkis Ventura. Otro de los que mostró su queja es Félix Gómez, quien lamentó que a un año y cuatro meses del suceso los desplazados siguen habitando las casuchas afectadas, y que en cualquier momento pueden colapsar. Los desplazados por el siniestro consideran que el Gobierno se ha burlado de las 60 familias que actualmente viven en la incertidumbre.

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