Santiago. La jueza Iris Borge, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, aplazó para el jueves 16 de noviembre el conocimiento de la medida de coerción contra 16 implicados en la Operación Colibrí.
La audiencia, que se efectuó en la sala del Tercer Juzgado de la Instrucción debido a la cantidad de implicados, fue aplazada por pedimento de los abogados para presentar presupuestos y estudiar el expediente.
En la Operación Colibrí, los implicados están acusados de actividades fraudulentas vinculadas a la falsificación de documentos públicos y amenazaron la seguridad jurídica y laceran la confianza institucional, además en el expediente acusatorio vulneraron el sistema del Registro Civil del país.
Los detalles de los ilícitos cometidos por la estructura que, principalmente, atacó el sistema de la Junta Central Electoral, están contenidos en la instancia de solicitud de medidas de coerción que tiene más de doscientas páginas el expediente y en el que el Ministerio Público pide que le imponga la prisión preventiva por 18 meses y se declare de tramitación compleja el proceso.
Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
La investigación de la Operación Colibrí coordinada por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, se desarrolló con el apoyo de la Junta Central Electoral.
La fiscalía expresa que durante las diligencias de campo, se incautaron de evidencias materiales, documentales, y otras, como plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos.
