Santiago. Representantes de organizaciones de la sociedad civil denunciaron la dilapidación de recursos de la nómina pública y aseguran que la corrupción le cuesta al pueblo dominicano el 0.7% del Producto Interno Bruto.
El informe que evidencia el malgasto del 2.5% del PIB por parte del Estado en materia habitacional y plantea al Gobierno dominicano la urgencia de reorientar estos recursos para garantizar derechos. La denuncia fue hecha al reflexionar sobre la situación fiscal del país, por parte de directivos de Oxfam y Casa Ya, colectivo articulado desde Foro Ciudadano, junto a Fundación Solidaridad en el seminario titulado “Fiscalidad y derechos en República Dominicana: desafíos y experiencias”. Los organizadores del seminario aseguraron que la mayor cantidad de recursos dilapidados se genera en la nómina pública, donde se malgastan recursos equivalentes al 1.1% del PIB; la corrupción, que cuesta 0.7% del PIB.
Anomalías
Además cuestiona la duplicidad institucional y la existencia de organismos inoperantes, que generan malgasto por un monto equivalente al 0.65% del PIB. Consideran que de corregirse estas fugas, el ahorro generado cada año podría financiar el 45% de la inversión proyectada en la Estrategia Nacional de Desarrollo para cerrar las brechas de educación, salud, seguridad social y fundamentalmente vivienda, por la magnitud del déficit habitacional, superior a los dos millones de casas y que aumenta unas 37 mil unidades por año, así como la insuficiencia de la inversión y producción de las mismas por parte del Estado.
En ese sentido, llamaron a reorientar estos montos para espacio fiscal suficiente para garantizar los derechos básicos que actualmente son violentados, para de esta manera invertir el presupuesto con mayor eficiencia a fin de garantizar derechos sociales.
Buscan garantizar derecho a la vivienda
El contenido del encuentro se centró en la presentación de los hallazgos de los estudios “Las marcas de la política habitacional”, investigación que aborda la situación de la sectorial vivienda durante el periodo 2000-2016 desde una perspectiva de derechos humanos y fiscalidad. Se buscan recursos para garantizar derechos. Con esto buscan una mayor equidad.
