Santiago. El fiscal titular del distrito judicial de Santiago, Osvaldo Bonilla, dijo que están en proceso de depuración para solicitar la medida de coerción contra los involucrados en la operación colibrí, y que el Ministerio Público podría pedir 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Bonilla informó que como parte de las investigaciones en la operación Colibrí, contra la desmantelada red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos, incluidos actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.
Los investigadores continúan en el proceso de interrogatorio y pudieran someter entre 12 a 15 apresados.
El representante del Ministerio Público reveló que la red beneficiaba personas de todas las nacionalidades principalmente haitianos, investigación que llevaba más de un año desarrollándose, sobre todo con personas que trabajan en el entorno de la Junta Central Electoral en Santiago y sus diferentes oficialías.
Bonilla expresó que a pesar de finalizar los allanamientos continúan las investigaciones en el entorno donde investigan casas, centros de internet, laboratorios donde se realizaban los documentos como parte de las investigaciones.
Durante el operativo comandado por el Ministerio Público y la Policía Nacional desarticuló, en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), se realizaron 18 allanamientos, movilizaron a 20 fiscales y más de 200 agentes policiales en lo que denominaron la Operación Colibrí.
Los arrestados en los allanamientos podrían enfrentar cargos por los delitos de suplantación de identidad, uso de documentos falsos y falsificación de documentos públicos, sancionados por el Código Penal Dominicano, además de los descritos en la Ley 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral.
