Santiago. La Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) y la junta de vecinos de la urbanización Thomén pidieron la creación de un patronato para desarrollar un parque ecológico y rechazan los supuestos planes de la alcaldía de Puñal de arrendar el terreno.

El espacio en disputa está en un área verde de dicho sector ubicado en la zona sur entre Santiago de los Caballeros y el municipio de Puñal.

Diógenes Colón, presidente de la junta de vecinos de la Urbanización Thomén expresó que el proyecto del parque ecológico integrará más de 70 mil metros cuadrados de franja ribereña y áreas verdes los cuales se podrían desarrollar con las facilidades de uso público necesarias para el pleno disfrute de los ciudadanos.

Además contempla la instalación de ciclo vías, calzadas de ejercitación, áreas recreativas, áreas infantiles, áreas de intercambio, áreas de socialización, entre otros aspectos.

Llamado de atención

“Llamamos la atención de los ediles y del alcalde del municipio de Puñal Enrique Romero, porque nuestras áreas verdes no son negociables ni enajenables, y el ayuntamiento de Puñal debe descontinuar la perniciosa práctica de arrendar o alquilar porciones de áreas verdes de nuestra comunidad para beneficiar a particulares, como lo han hecho de manera reiterativa” destacó Colón.

El presidente de dicha junta de vecinos expresó que las áreas verdes de esa demarcación fueron adquiridas por quienes realizaron inversiones en ella, cuando compraron un inmueble, solar, vivienda o apartamento, también pagaron por las áreas verdes, por lo que rechazaron esas acciones del Ayuntamiento de Puñal que supuestamente han dispuesto de esos terrenos y los arrendaron. También dieron a conocer el supuesto intento de enajenación y exigieron el desalojo de los ocupantes.

Denuncian que buscan arrendar el área verde

La Soeci y la junta de vecinos de esa demarcación y otras aledañas denunciaron que la última acción fue un intento de arrendamiento ilegal de una porción importante de áreas verdes para la instalación de una agencia de vehículos y aunque supuestamente se dejó sin efecto, los ocupantes no han sido desalojados, y mantienen su negocio ilegal en esas áreas verdes.

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