En encuentro con ministro de Energía y Minas, Joel Santos, pidieron la anulación de resolución de exploración minera
Los sacerdotes y comunitarios agrupados en el movimiento “Unidos Somos Más”, se vieron la cara por primera vez con el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en un encuentro matizado por la tensión y advertencias y reclamos, ante los planes de explotar la cordillera Septentrional.
Durante la reunión celebrada en el salón Roque Adames del Arzobispado de Santiago, confluyeron autoridades del Gobierno, representantes de la Iglesia Católica y líderes de las comunidades que se verán afectadas por la explotación minera.
El encuentro, encabezado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien sirvió de moderador y los sacerdotes Ramón “Nino” Ramos, Rainer Vázquez, evidenció posiciones encontradas sobre el presente y futuro de la zona montañosa, considerada vital para el equilibrio hídrico y ambiental del norte del país.
El tono más enérgico lo marcó el sacerdote Ramón (Nino) Ramos, quien, en representación de los comunitarios y curas católicos, exigió la anulación inmediata de la resolución de exploración minera otorgada en 2024, con vigencia hasta 2027.
Apoyado en la Constitución de la República, el religioso citó los artículos 15 y 67, que establecen la protección del agua como patrimonio nacional y la obligación del Estado de preservar el medio ambiente.
“El agua es un bien estratégico y esencial para la vida, en nombre de la Constitución y de nuestra patria, exigimos que se anule esa resolución y que se garantice por escrito que no habrá explotación minera en la cordillera Septentrional”, declaró.
No hay planes de explotación
Frente a las críticas y cuestionamientos al Gobierno, el ministro Joel Santos defendió la postura oficial, y reiteró que no existe ningún proyecto de explotación minera en la cordillera Septentrional.
Explicó que las concesiones actuales corresponden únicamente a exploraciones autorizadas en julio de 2024, antes de su gestión, y que estas no implican derechos automáticos de explotación.
“La exploración no obliga al Estado a otorgar explotación, no autoriza extracción comercial ni genera derechos sobre los recursos minerales”, afirmó.
El funcionario fue enfático al señalar que solo el presidente de la República tiene la facultad de aprobar concesiones de explotación, y que, hasta el momento, no existe intención gubernamental de hacerlo en esta zona.
“La política minera del Estado está definida y la cordillera no está en los planes de explotación, hemos sido claros desde el primer día”, sostuvo.
Sin embargo, Santos advirtió que la anulación de concesiones ya otorgadas podría generar conflictos legales para el Estado, lo que obliga a actuar dentro del marco jurídico.
“Anular una concesión puede traer litigios innecesarios, sobre todo cuando no hay intención de explotación, aun así, analizaremos la solicitud de los comunitarios dentro de lo que permite la ley”, indicó.
El ministro insistió en que el Gobierno mantiene disposición al diálogo y que no existe, desde su perspectiva, un conflicto real.
En su rol de anfitrión y mediador, el arzobispo Metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, llamó a la prudencia, el respeto mutuo y la búsqueda de consensos.
“Este es un espacio para escuchar con apertura, incluso cuando no coincidamos, solo así será posible construir soluciones desde el diálogo”, expresó.
El prelado destacó la importancia de abordar el tema con responsabilidad, reconociendo que se trata de un asunto complejo que involucra intereses diversos, pero que debe resolverse en beneficio de la sociedad.
“Todo problema tiene solución, este también debe tenerla, si actuamos con sabiduría, serenidad y compromiso con el bien común”, señaló monseñor Héctor Rafael Rodríguez
