Santo Domingo, RD – Por primera vez en la historia de la República Dominicana, la corrupción se tipifica como delito autónomo, según anunció la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante una conferencia sobre la modificación del Código Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
“La corrupción deja de depender de otros delitos y cualquier acto doloso que afecte al patrimonio público puede ser sancionado de manera directa”, explicó Reynoso. La funcionaria destacó que esta medida fortalece la transparencia y la lucha contra la impunidad.
Penas de 3 a 10 años y alineación con la Ley de Lavado de Activos
La procuradora precisó que los nuevos tipos penales contemplan penas de 3 a 10 años, alineadas con la Ley de Lavado de Activos. Esto lo que permite que los delitos de corrupción sean considerados delitos precedentes. Además, destacó la posibilidad de acumulación de penas, reforzando la severidad de las sanciones.
“Con estas medidas, el nuevo Código Penal se ajusta a los estándares internacionales y a la convención contra la corrupción, acercándose a los modelos más avanzados del mundo”, señaló.
Enriquecimiento ilícito y responsabilidad penal de empresas
Entre las novedades, el delito de enriquecimiento ilícito permite el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita y la inhabilitación de por vida de la persona condenada para ocupar cargos públicos. Reynoso afirmó:
“Al que se le condenó por enriquecimiento ilícito jamás podrá volver a una función pública, ni electiva, ni de designación”.
Otro avance significativo es que la ley también persigue a personas jurídicas, incluyendo la posibilidad de disolver empresas involucradas en actos de corrupción. Este reflejando la realidad de las grandes contrataciones con el Estado.
Nuevos delitos en contrataciones públicas
El Código Penal también incorpora nuevos tipos de delitos relacionados con la contratación pública, como la manipulación de pagos de obras públicas, otorgamiento de contratos a dedo, alteración de precios y pagos por trabajos inexistentes. Reynoso enfatizó que estos actos afectan directamente a la sociedad:
“Cuando se usa el dinero del Estado para comprar o contratar, hay reglas, y romperlas es robarle al pueblo”.
Asimismo, subrayó que no se puede ser juez y parte en un contrato ni falsificar documentos para obtener beneficios ilícitos.
Conferencia y participación institucional
La conferencia se realizó en el auditorio de la Dirección General de Aduanas (DGA), con la presencia de autoridades como Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, director de la DGA; Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental; y Osvaldo Bonilla, procurador adjunto.
El director de Aduanas resaltó la importancia de que los colaboradores de la institución y la sociedad conozcan cómo estas reformas impactarán el marco regulatorio aduanero y fortalecerán la transparencia en la gestión pública.
