Toda transformación genera resistencias, de unos porque no quieren perder lo que entienden tienen, de algunos porque temen a lo desconocido y de otros porque su negocio es que las cosas se mantengan como están.El error que han cometido históricamente nuestras autoridades es que en vez de priorizar lo más conveniente para la sociedad en su conjunto, han permitido que intereses particulares estén por encima del bienestar colectivo.
Por eso a pesar de que hemos intentado hacer algunas reformas estructurales, como fue el caso del sector eléctrico, de la seguridad social y ahora de la educación, las reformas o han fracasado por completo o no han podido lograr los objetivos deseados, porque es imposible transformar lo que está mal sin tocar ni un ápice el estado de las cosas.
Nuestro sistema educativo está caracterizado por grandes contrastes, irregularidades, deficiencias, privilegios y distorsiones; debido a una falta de regulación efectiva a pesar de que dos ministerios están a cargo.
Luego de un exitoso reclamo social de inversión del 4% del PIB en educación finalmente en el año 2013 el presidente Medina cumplió con esta asignación como había prometido en campaña, aunque sin un plan definido de utilización de los recursos.
La discusión del pacto por la reforma educativa que se está llevando a cabo en el seno del Consejo Económico y Social ha puesto nueva vez en evidencia que sin una decisión clara de las autoridades de transformar el estado de las cosas, las discusiones y pactos serían estériles.
La búsqueda del consenso es siempre deseable pero los gobernantes no deben perder de vista que su rol es trazar políticas públicas que resulten en mejoras para la colectividad. Cuando los intereses o conveniencias particulares choquen con los de la mayoría, debe primar lo que más convenga al país, independientemente del costo político que esto tenga.
Un pacto que no toque aspectos tan sensibles como garantizar una evaluación independiente de los educadores, una adecuada formación de los mismos, que se establezcan límites a los descuentos a los salarios de los maestros, una debida regulación a su cooperativa que bajo este ingenuo nombre cobra intereses abusivos de hasta un 60%, hundiendo a los maestros en un círculo vicioso de adquisiciones de bienes a precios superiores a los del mercado para luego empeñarlos por menos de su valor para poder obtener dinero y así abonar sus deudas; de nada serviría.
El salario de los maestros merece la misma protección de que goza el salario en general, de que no más de la sexta parte puede ser deducida por instituciones bancarias en caso de préstamos y hasta un máximo de un cincuenta por ciento para fines de manutención de hijos menores de edad.
El status quo del sistema educativo ha castrado nuestro desarrollo y las oportunidades de mejoría de millones de dominicanos. El mantenimiento de distorsiones aberrantes so pretexto de autonomías sería un gran error. Si queremos que las cosas cambien debemos estar dispuestos a vencer las resistencias, porque lo que está mal debe corregirse sin importar quiénes lo hagan o a quiénes afecte.
