Los policías que participaron en el allanamiento en el proyecto habitacional La Mulata III, en el municipio Sosúa, supuestamente también se llevaron dos tarjetas de crédito propiedad de una profesora que vive en ese mismo lugar. María Magdalena Laüer, de nacionalidad alemana, asegura que vio cuando varios policías penetraron a su casa y sustrajeron las dos tarjetas de crédito que están a nombre de su esposo Günter Peter Laver, pero que los agentes las usan cual si fuese un servicio adquirido legalmente.
La señora Laüer indicó que para cometer el hecho los agentes rompieron una de las ventanas de su vivienda, ubicada al fondo de la calle principal del proyecto.
Mostró a reporteros de elCaribe varios estados de cuenta de compras realizadas con las tarjetas sustraídas, desde el día en que fueron sacadas de su casa.
Según los comprobantes de pago, las compras se realizaron en distintas estaciones de venta de gasolina, por un monto que asciende a varios miles de pesos. De igual forma, en los recibos también figuran transacciones de compra de adornos para vehículos.
La extranjera mostró su indignación por toda esta situación que mantiene en vilo a la comunidad alemana que reside en Sosúa. Explicó que el señor Laver es abogado de profesión y actualmente vive en Alemania.
Laüer expresó que no entiende toda esta historia que se ha tejido en torno a los habitantes de La Mulata III. Dijo que una de las informaciones que más la ha sorprendido es que los alemanes que viven en el residencial, supuestamente trafican con órganos de niños.
“Esto es muy fuerte para mí. Yo tengo toda mi vida trabajando con niños y me resulta muy preocupante que me acusen de algo semejante”, se quejó esta señora, con cara de decepción.
Otros alemanes residentes en este proyecto dijeron que no quieren siquiera recordar la forma atropellante en que decenas de policías irrumpieron la tranquilidad con que viven en la comunidad.
Negaron que enfrentaran a los agentes policiales que participaron en ese operativo, como aseguran la Policía y el Ministerio Público.
También explicaron que ellos solo pidieron que el allanamiento estuviera respaldado por una orden judicial, que la propia fiscal de Puerto Plata, Alba Núñez, admitió que llegó una hora después de que los policías ejecutaron la acción.
Reparar los daños morales
Otros alemanes consultados en La Mulata dijeron que desde el pasado 17 de octubre, cuando fueron víctima de la acción policial, todos los integrantes del proyecto se encuentran desmoralizados ante la opinión pública nacional e internacional.
“Estamos preocupados en reparar nuestra reputación. Para nosotros esto es muy importante”, dijo Ulrich Mühl, secretario general de la compañía Odermatt, propietaria del proyecto La Mulata III.
Precisó que el día del allanamiento un policía lo tomó por el cuello y lo estaba estrangulando. Dijo que el agente quería obligarlo a presentar las supuestas armas de fuego que tenía escondidas de manera irregular. Mühl agregó que ciertamente los policías hallaron armas de fuego de distintos calibres, pero que sus dueños las tenían de manera legal. Indicó que una muestra de que todas las denuncias que alegadamente justificaron aquel allanamiento eran totalmente falsas, es que hasta el momento no tienen ninguna acusación formal contra ellos.
También viven suizos y austriacos
En La Mulata III viven unas 15 familias que suman alrededor de 50 personas, no solo de origen alemán, sino que allí también viven suizos y austriacos, que igualmente sufrieron una de las peores pesadillas de su vida.
Mühl aclaró que los 60 millones que les robaron a estas familias no estaban en las tres cajas fuertes que dicen les llevaron los policías. Explicó que dicha cantidad es el valor en pesos de los bienes confiscados en ese proyecto.
Dijo que como resultado de esta operación, muchos alemanes están pensando, incluso, en regresar a su país, debido a que a algunos les llevaron dinero en efectivo que tenían como parte de la pensión asignada en sus puestos de trabajo en Alemania.
Otros se han visto compelidos a despedir a sus empleados, porque ahora no tienen con qué pagarles.
A raíz de las investigaciones el Consejo Superior Policial recomendó al Poder Ejecutivo la cancelación y puesta en retiro forzoso de dos coroneles y 12 agentes de rangos inferiores.
Los coroneles a los que se recomendó el retiro forzoso son Raymundo de la Rosa Ogando y Roberto Salcedo Santos.
También se recomendó el retiro de los primeros tenientes Juan María Toribio Castillo, Francis Sánchez Fernández y Nilson Peña Encarnación, así como al segundo teniente Félix Silverio.
Los agentes ultimaron a Peter Ebert Demetrick
Durante el allanamiento practicado de forma irregular, el 17 de octubre del 2012, en el residencial La Mulata III de Sosúa, se habría originado un supuesto intercambio de disparos en el cual fue abatido el ciudadano alemán Peter Ebert Demetrick. El confuso incidente aún no ha sido esclarecido por las autoridades, aunque cancelaron a 14 miembros de la uniformada.
