BUENOS AIRES (AP) — La presidenta Cristina Fernández anunció el lunes un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en poder de la petrolera española Repsol, y el gobierno de España reaccionó de inmediato con anuncio de medidas contundentes contra Argentina.
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires decidió suspender la cotización del papel de YPF en el recinto a las 12.34 hs (1534 GMT).
Al referirse al proyecto de ley de 19 artículos, Fernández destacó en un acto oficial celebrado en la Casa de Gobierno la necesidad de que Argentina recupere su «soberanía hidrocarburífera» y logre el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos.
El gobierno acusa a YPF de no realizar las inversiones necesarias, lo que es negado por la empresa, principal petrolera del país.
En Madrid, el canciller José Manuel García-Margallo dijo a la prensa que la decisión argentina quiebra el clima de cordialidad y amistad bilateral tradicional y calificó que la expropiación era arbitraria y que España responderá con «medidas contundentes», sin detallar.
El proyecto de ley que el gobierno envió el lunes al Senado, que declara de «interés público» la riqueza hidrocarburífera de Argentina, señala que de «las acciones sujetas a expropiación», 51% pasarán a estar bajo control del Estado y el 49% restante se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo, agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI).
Se prevé que el proyecto será aprobado, ya que el oficialismo tiene el control en ambas Cámaras del parlamento.
Repsol tiene en la actualidad el 57,43% de las acciones de la petrolera argentina; la empresa está participada además en un 25,46% por el grupo argentino Petersen, que es el responsable de su gestión. El Estado argentino tiene una participación minoritaria de 0,02% y la llamada acción de oro que impide un cambio de accionistas dentro de la compañía sin la autorización del representante estatal. En tanto, el 17,09% se cotiza en los mercados bursátiles.
De prosperar la iniciativa legislativa, el Estado controlará el 26,01% del total de la compañía y las provincias productoras de petróleo el 24,99%, mientras que Repsol quedaría con un porcentaje minoritario de 6,43%, destacaron medios de prensa.
Según el proyecto, la valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones y además habrá una remoción de la totalidad de los directores de la empresa.
Fernández también ordenó la intervención de YPF y designó como interventores al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof.
«Esta Presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de las faltas de respeto o de frases insolentes que algunos dijeron. Soy una jefa de estado y no una patotera (peleadora)», dijo Fernández entre los aplausos de empresarios, sindicalistas y políticos que asistieron al acto oficial.
El gobierno español ha advertido que una nacionalización de YPF — que fue privatizada en los años 90– convertiría a Argentina en un «apestado internacional», cuya consecuencia más directa se dejaría sentir no solo en sus relaciones con el país ibérico sino con toda la Unión Europea.
El consultor Emilio Apud, ex secretario de Energía de Argentina, dijo a The Associated Press que esta es una «mala decisión que le va a dar una mala imagen al gobierno argentino y va a desincentivar las inversiones.»
Daniel Bosque, director de la revista Enernews, especializada en el sector energético, dijo a AP «que quitar ha sido fácil y administrar e invertir será lo complicado en un escenario de recursos decrecientes por todos conocido».
Fernández justificó su plan expropiador al señalar que la compañía convirtió a Argentina en importadora neta de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares en 2011.
«Somos el único país de Latinoamérica y yo diría casi del mundo que no maneja sus recursos naturales», indicó la presidenta, quien afirmó que el proyecto en cuestión «no es un modelo de estatización», sino «de recuperación de la soberanía».
Se conserva a la empresa como «sociedad anónima» y la conducción de la misma será «absolutamente profesionalizada, dijo.
«No estamos inventando absolutamente nada», indicó Fernández al referirse a los países donde los recursos hidrocarburíferos se encuentran principalmente en manos del Estado. Agregó que «cada vez más la totalidad de los países son renuentes a desprenderse del manejo de un recurso estratégico como es el petróleo, que hoy incluso tiene ya un carácter vital».
La jefa de Estado denunció una «política de vaciamiento, de no producción, de no exploración» de Repsol, por la cual, de no adoptar esta medida, «prácticamente nos encontraríamos con un país inviable».
Fernández reprochó a YPF no haber hecho inversiones en relación a los millonarios dividendos de las ganancias repartidos entre sus accionistas. Sostuvo que «la utilidad neta (de YPF) entre 1999 y 2011 ha sido 16.450 millones de dólares y los dividendos pagados han sido de 13.246 millones de dólares».
La filial argentina representa el 42% de las reservas totales de Repsol, cifradas en 2.100 millones de barriles de crudo, y un 25% de sus beneficios de explotación.
«Toda empresa argentina cuyos accionistas sean extranjeros, en la medida que acompañen el crecimiento del país, seguirán trabajando codo a codo con nosotros», dijo Fernández.
