La Asociación de Jueces y Juezas del Poder Judicial exigió ayer al Congreso Nacional que apruebe el 4.10% del PIB a esa institución como lo hicieron con el Ministerio de Educación.Ysis Muñiz, vicepresidenta de la asociación, informó que es responsabilidad del Congreso el que se apruebe el 4.10% de los ingresos internos del presupuesto nacional para cumplir con lo establecido por la Constitución, aunque el Poder Ejecutivo no lo haya contemplado en el proyecto sometido al Senado de la República.
“No somos demócratas porque no reconocemos los límites establecidos; no somos Estado Social porque no cumplimos las obligaciones prestacionales mínimas que el orden constitucional impone para garantizar, en sentido práctico y material, los derechos de todos y el buen funcionamiento de las instituciones”, refirió la magistrada en un comunicado.
Sostuvo que “el Poder Ejecutivo no solo desoye las peticiones del Poder Judicial, en relación con sus necesidades esenciales, sino que atenta contra su independencia orgánica y presupuestaria al dejar de asignar el mínimo de recursos que el legislador ha establecido que debe serle asignado”.
Expresó que eso significa el 4.10% del PIB, determinado en la Ley de Presupuesto General de la Nación, del que un 65 por ciento corresponde al Poder Judicial y lo restante al Ministerio Público, que también demanda mayores recursos, según consigna el artículo 3 de la Ley 194-04, sobre autonomía presupuestaria.
Dijo que la Asociación de Jueces reitera su compromiso de continuar la lucha para lograr el cumplimiento de la ley en relación al porcentaje que asigna al Poder Judicial. “En este marco, la asignación del 4% para el Ministerio de Educación, solo constituye un indicador de la omisión en que se incurre respecto al Poder Judicial”, señaló.
No mendigarán y no suspenderán audiencias
Esta semana,luego de conocer la asignación presupuestaria, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, expresó que no seguirá “mendigando” presupuesto para la institución y que continuará realizando el trabajo que como administradores de justicia les corresponde. También desautorizó a cualquier llamado de suspensión de labores en los tribunales.
