Además de la flagrante violación del derecho fundamental a la nacionalidad de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional ha servido para poner de relieve la persistencia del profundo autoritarismo y la intolerancia en la cultura política dominicana. Los grupos ultraconservadores no encuentran la manera de defender una decisión, que no solo atenta contra estos dominicanos, sino que se constituye en una violación de la Constitución del 2010 y desconoce precedentes creados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Sin argumentos, estos grupos han apelado a la descalificación y la amenaza de aquellos que han expresado una opinión contraria a la decisión del Tribunal Constitucional. En manifestaciones de los autodenominados defensores de la soberanía, se ha estado levantando la peligrosa consigna de “muerte a los traidores”, sin que haya reacción alguna de parte de las autoridades frente a un acto de abierta incitación a la violencia, lo que es condenado por el código penal dominicano. Lo que es más, estos sectores han tenido la osadía de identificar, mediante pasquines, a los supuestos traidores de la patria y por lo tanto, a las personas que deben ser asesinadas.
Es una lástima que se haya llegado a estos niveles de intolerancia, lo que demuestra que estamos muy lejos de superar las prácticas y actitudes propias de la dictadura. En su acción más reciente, el grupo de seudo-nacionalistas solicitó al Ministerio Público que investigue a los periodistas Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz y a Roberto Álvarez, de Participación Ciudadana, por oponerse a la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta es una acción desesperada que busca amedrentar, no solo a los que acusan directamente, sino a todos aquellos que se sienten en el derecho de tener y emitir una opinión distinta. Su fin último, es el de lograr el silencio de una sociedad que aún se indigna frente a las injusticias.
Quienes defienden la decisión del Tribunal Constitucional están en el derecho de promover su posición a nivel nacional e internacional. Lo que uno quisiera es que esto se haga sobre la base de argumentos y no a partir de acciones dirigidas a incitar el odio y a atentar contra la libertad de expresión. Ni con amenazas, ni con panfletos, ni con querellas, lograran acallar las voces de los que denuncian el drama humano que produce la sentencia 168-13. Todo lo contrario, con mayor fuerza y en un acto de profundo patriotismo, estas personas y organizaciones seguirán defendiendo a los dominicanos que han sido despojados de su nacionalidad.
