El Ministerio Público informó ayer sobre el apresamiento en flagrante delito de una pareja de nacionalidad italiana, quienes alegadamente pretendían salir del país con un niño de cuatro meses de nacido.Según las investigaciones, Rodolfo Subrizi y Lucila Magnanti habrían pagado la suma de 10 mil euros a los padres del infante.
El apresamiento de los implicados en esta red, fue posible tras una labor de inteligencia dirigida por el magistrado Jonathan Baró Gutiérrez, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Fiscalía de la Provincia María Trinidad Sánchez, a través de la cual daban seguimiento a los también apresados Gabriela Isabel Peralta Gómez, madre del menor, y Regalado Guzmán Cordero, quien según las investigaciones hacía posible la adjudicación del niño a la pareja extranjera, realizando los trámites requeridos en diversas instituciones.
Igualmente fueron apresados Rosanna de Lucas García (a) Chana y Fabio Antonio López Alcequiez, a quienes se les imputa hacer el contacto directo con los extranjeros que venían al país a comprar a los infantes.
“Esta red que funcionaba en el municipio de Cabrera, María Trinidad Sánchez, tenía como “modus operandi” establecer el contacto y seguimiento a ciudadanos de otras naciones a quienes ofertaban la posibilidad de adquirir niños recién nacidos, aún estando la madre en proceso de gestación, y mediante acuerdos los interesados se hacían responsables de los gastos de la maternidad y a la vez pagaban la suma de 10 mil euros”, explicó Jonathan Baró.
Contra todos los implicados las autoridades solicitaron como medida de coerción prisión preventiva, sin embargo, solo Rosanna de Lucas García, Gabriela Isabel Peralta Gómez, madre del menor, y Regalado Guzmán Cordero, fueron enviados a prisión por tres meses. Contra Fabio Antonio López Alcequiez, se impuso garantía económica de 300 mil pesos e impedimento de salida.
Con respecto a los nacionales italianos que comprarían el bebé, a Rodolfo Subrizi también le fue impuesta una garantía económica de 300 mil pesos e impedimento de salida, mientras que a la señora Lucila Magnanti, quien apeló a cuestiones de salud no le fue impuesta ninguna medida judicial.
