Baterías usadas: negocio redondo y muy dinámico

Al aproximarse al parque Juan Pablo Duarte, mejor conocido por los moradores de Los Mina como el parquecito de Las Palmas, empiezan a aparecer letreros ambulantes portados por jovencitos que no sobrepasan los 20 años. Muchos no llegan ni a los 13.

Al aproximarse al parque Juan Pablo Duarte, mejor conocido por los moradores de Los Mina como el parquecito de Las Palmas, empiezan a aparecer letreros ambulantes portados por jovencitos que no sobrepasan los 20 años. Muchos no llegan ni a los 13.

Se pasean de un lado a otro y en cuanto se acerca un vehículo se abalanzan sobre los conductores para intentar convencerles de un curioso intercambio comercial. “Se compran baterías usadas” se lee en las pancartas.

“Si es de inversor te la compro en RD$750 pero si tá en buena condición te doy hasta RD$850”. Se escucha decir a uno de los muchachos mientras habla con un posible cliente.

Al avanzar hacia la calle Francisco Segura y Sandoval se observan varios negocios que se dedican a comprar las baterías usadas, aluminio, bronce y cobre que los chicos logran conseguir en la calle.

Rafael Báez (Ito),uno de los más viejos en el negocio, con más de 30 años trabajando con metales, explica que después de tener una buena cantidad de baterías en el almacén (1,000 kilos aproximadamente) las vende por toneladas a una procesadora de Puerto Rico, que posteriormente las recicla. Una tonelada equivale a 36 baterías.

Cada día los camiones de “Ito” dan dos viajes hacia la zona franca. A la semana suman doce camiones llenos de baterías, lo que hace suponer que es un negocio que mueve mucho dinero. Cerca de 200 mil pesos a la semana, confirma el veterano negociante.

El negocio funciona como una cadena, que consiste en la compra de las baterías usadas para venderlas a varias compañías, en su mayoría de origen chino y coreano, que les sacan el plomo aprovechando que el 98% del metal es reciclable y puede volver a reutilizarse.

“Ito” tiene seis empleados en su local de la calle Anacaona, de Los Mina, y muchos de los jóvenes que andan por las inmediaciones trabajan para él, a los que paga una comisión de 40 pesos por cada batería que le lleven.

“Yo les doy el dinero para que compren en la calle. Esto es un negocio de subsistencia, esos muchachos trabajan en esto para no meterse a delincuentes”, afirma el hombre, mientras les ordena a los que están montando la mercancía que tengan cuidado. Sostiene que tiene que pagar un peaje semanal de RD$3,000 a la Policía “pa que no me molesten los muchachos”.

El hombre sostiene que a raíz de los apagones, la mayoría de la gente ha comprado inversores que llevan baterías, con lo cual hay una demanda inducida de estos acumuladores de energía, lo cual ha hecho que el negocio haya crecido en los últimos 8 años.

Tienen sus locales

En el caso de Rafy, se inició en esto a los 17 años y como los demás muchachos que andan con sus letreros al hombro revendía la mercancía a una metalera. Cinco años después tiene su negocio, que ya cuenta con dos locales. Se queja de que el Ayuntamiento y Medio Ambiente no lo dejan trabajar tranquilo por los letreros que sobresalen en las calles y el ácido que desprenden las baterías.  “Volanta”, otro jovencito dueño de un negocio que está más adelante dice que hay una fuerte competencia entre los que se dedican al negocio.  “A mí mismo me tienen mucha envidia”.

El daño ambiental

Los vecinos se quejan de que los negocios lanzan el ácido de batería en las calles y que cuando entra en contacto con la ropa les daña el tejido, además del daño ambiental que produce.

Mientras,  el viceministro de Medio Ambiente, Mayo Rodríguez, afirmó que la Dirección de Calidad de la entidad trabaja de forma institucional organizando y regulando las empresas que trabajan con plomo y metalurgia. Sin embargo, con relación al caso específico de las baterías usadas, el funcionario explicó que es más difícil de controlar porque es un negocio informal enfocado en la supervivencia.

Señaló que si la comunidad denuncia que la práctica causa un daño al medio ambiente, la institución actúa yendo al lugar para ver las condiciones en que opera el negocio, le hace las recomendaciones pertinentes y le emite una licencia.  En cambio, si no se acoge a las normas el negocio es clausurado. En agosto la Dirección de Protección Ambiental realizó un operativo contra negocios dedicados a la venta informal y recicladores de baterías.

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