Después de 14 años abrazado al peaje de 30 pesos, el Gobierno tomó la decisión de fijar en 60 pesos la nueva tarifa de peaje para la Categoría I correspondiente a los vehículos de dos ejes. Muchos pensaban que el lunes 5 de septiembre la tierra se abriría en dos y que los principales centros urbanos y las geografías circundantes a los peajes amanecerían ardiendo en candela. El Gobierno dispuso la presencia de militares en las estaciones de peaje con el objetivo de disuadir protestas violentas que pudiesen alterar la paz social que ha disfrutado la nación durante las últimas tres décadas.
Para muchos, la medida fue abusiva, autoritaria. Otros consideraron el aumento exagerado y desproporcionado. Algunos indicaron que no se les avisó con tiempo. El PRM, luego de tildar el aumento de desorbitado, abusivo e irresponsable, solicitó al Gobierno que lo dejara sin efecto, pues no tenía ninguna justificación económica.
Gobernar en democracia no es fácil. De ahí la importancia de comunicar con claridad y convencimiento la justificación de medidas de políticas públicas, más aun cuando las mismas son socias del club de las impopulares.
La crítica de la oposición política es perfectamente entendible. Pero también, fácilmente liquidable. Sólo hay que recordarle al país que en julio del 2002, cuando la oposición de hoy era gobierno, aumentó el peaje de 10 a 30 pesos, un 200%, el doble del aumento realizado ahora. La democracia otorga licencia a la oposición para ser populista, demagoga e irresponsable. No tengo la menor duda que Hipólito Mejía, quien no ha criticado la medida, hubiese actuado en estos momentos con la misma responsabilidad que lo hizo en el 2002 y habría aumentado el peaje a 100 pesos, el nivel equivalente a los 30 pesos que su gobierno estableció a mediados del 2002.
Cuando la administración de Mejía aumentó el peaje a mediados del 2002, los ingresos de las estaciones Las Américas, 6 de Noviembre, Sánchez y Duarte subieron significativamente, alcanzando un 0.094% del PIB. A partir del 2005 comenzaron a descender, cerrando el año pasado en 0.027% del PIB, casi la cuarta parte del nivel registrado hace 14 años. Para restablecer el nivel de recaudación del 2002, el peaje habría tenido que subir ahora a 104 pesos.
En el 2001, el salario mínimo mensual de las grandes empresas era equivalente a 333 peajes. Al subirse el peaje de 10 a 30 pesos, el salario mínimo mensual cayó a 116 peajes. ¿Cómo denominaría la actual oposición política esa “dramática” caída? ¿Reconocerían quizás que “no solo de peaje vive el hombre”? En términos de “frías”, el contraste es marcado. En julio del 2002, el peaje equivalía a 1.7 botellas de cerveza regular pequeña. Con el aumento realizado ahora, equivale a menos de una fría (0.66) ¿Debería eso llevar a la oposición a decir que Hipólito fue más autoritario y abusador en julio del 2002 que Danilo en septiembre del 2016? Seamos sensatos.
La indexación de tarifas, peajes y tasas impositivas específicas para mantener constante en el tiempo su valor real, es un área de la política fiscal que los partidos políticos deberían reconocer como saludable para la sostenibilidad fiscal. En el caso de los peajes, lo razonable es que las correcciones no tengan que ocurrir cada 14 años, sino anualmente o cada dos años. No deberíamos temer que este patrón sea utilizado por las centrales sindicales para exigir anual o cada dos años un ajuste salarial para compensar por la inflación acumulada, pues esa es precisamente la regla de determinación de los salarios mínimos vigente en el país.
Como nación podríamos pactar la eliminación de todos los peajes de nuestro territorio. Tendríamos que acordar, sin embargo, cómo financiaríamos la expansión y el mantenimiento de la infraestructura vial. Una opción es endeudándonos y dejarle la carga a nuestros hijos y nietos, quienes pagarían impuestos más altos. La mayoría, sin embargo, se opone a que el endeudamiento mantenga la dinámica actual. Otra opción sería restablecer el financiamiento inorgánico del Banco Central. Esta opción, sin embargo, abriría las puertas al impuesto de la inflación, el más regresivo de los impuestos. Otra opción sería la balaguerista. Dejaríamos las carreteras y autopistas en abandono, sin mantenimiento y suspenderíamos la expansión proyectada de la infraestructura vial. Al cabo de unos años, todos -de rodillas-, pediríamos al gobierno que ponga el peaje que le dé la gana, pero que repare, mejore y amplíe la infraestructura vial.
Así como la población valora muy favorablemente el Metro de Santo Domingo, también está altamente satisfecha con el esfuerzo que han hecho los diferentes gobiernos para dotar a nuestra nación de una de las infraestructuras viales más modernas y amplias de la región. El Fideicomiso RD Vial que coordinan el Ministerio de Obras Públicas y la Fiduciaria Reservas, con los actuales ingresos del peaje, exhibe una cartera de proyectos completados, en ejecución y en carpeta por un monto cercano a RD$45,000 millones. Inversiones de esa magnitud no pueden financiarse con ingresos de peajes que en el 2015 ascendieron a RD$1,736 millones. El aumento del peaje del pasado 5 de septiembre elevará los ingresos anuales del Fideicomiso en unos RD$800 millones. Todavía permanecería en el rango de inviabilidad financiera. Un peaje de 100 pesos, habría llevado los ingresos totales de las 10 estaciones existentes a RD$4,000 millones en el 2017, acercando al Fideicomiso RD Vial a la viabilidad financiera que requiere el programa de expansión y mantenimiento de la infraestructura vial del país.
La tolerancia cero a más endeudamiento, al resurgimiento de los inorgánicos, a las prácticas balagueristas y al aumento del peaje, sólo dejarían una opción al Gobierno. Intensificar la búsqueda del Santo Grial fiscal: el descubrimiento de un nuevo impuesto que genere muchísima recaudación pero que no lo pague nadie.
