Santo Domingo. –El abogado Juan Tomás Vargas de Camps, representante de una de las víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set, consideró que debe declararse inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los hermanos Espaillat. La apelación busca revertir la decisión judicial que modificó la calificación jurídica del caso. Sin embargo, el jurista sostuvo que dicha resolución no constituye una sentencia condenatoria ni absolutoria, y tampoco pone fin al proceso penal.
Durante una entrevista en el programa Reseñas, el jurista explicó que la decisión cuestionada permitió la continuación del proceso bajo una nueva calificación jurídica y su remisión a un tribunal colegiado.
«Lo que puede apelarse son las decisiones de absolución o condena o las que ponen fin a un proceso», afirmó Vargas de Camps.
En ese sentido, cuestionó que la defensa de los imputados recurriera una resolución que, a su juicio, no cierra el expediente, sino que permite avanzar hacia una nueva etapa judicial.
«¿Hubo absolución? No. ¿Hubo condena? No. ¿Se le puso fin al proceso? Todo lo contrario, se abrió el proceso», manifestó.
Defensa de los Espaillat cuestiona cambio de calificación jurídica
De acuerdo con Vargas de Camps, los abogados de los hermanos Espaillat solicitaron a la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar y declarar nula la resolución que modificó la calificación jurídica del expediente.
La defensa argumentó supuestas vulneraciones al principio de legalidad penal, la seguridad jurídica, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.
Sin embargo, el representante de una de las víctimas rechazó esos planteamientos. Camps asegura que las partes tuvieron oportunidad de conocer y responder a la solicitud de modificación de la calificación jurídica antes de que el juez emitiera su decisión.
A su entender, el tribunal actuó después de escuchar los argumentos de las partes y examinar los elementos presentados durante el proceso.
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¿Por qué se planteó el dolo eventual en el caso Jet Set?
Vargas de Camps explicó que el expediente fue conocido inicialmente bajo la calificación de homicidio involuntario. No obstante, durante el proceso se presentaron solicitudes para que los hechos también fueran examinados bajo la figura del dolo eventual.
Según indicó, antes de adoptar la decisión, el juez había escuchado alrededor de 15 testigos y tres peritos, además de examinar pruebas documentales, mensajes de WhatsApp y videos incorporados al expediente.
El abogado sostuvo que esos elementos llevaron al magistrado a considerar que los hechos podrían exceder el ámbito de la negligencia o imprudencia.
«El juez observó circunstancias de hecho que derivaban de la prueba producida que le decían: “Esto no es una simple negligencia”», expresó.
No obstante, aclaró que la modificación de la calificación jurídica no implica que se haya demostrado la existencia de dolo eventual ni que se haya establecido la culpabilidad de los imputados.
«El juez no está diciendo que el dolo eventual está confirmado, está diciendo que ve elementos que pueden ser», puntualizó.
Asimismo, explicó que corresponderá al tribunal encargado de conocer el fondo del caso determinar si las pruebas sustentan la nueva calificación jurídica y permiten establecer responsabilidades penales.
Responsabilidad penal deberá establecerse de manera individual
Vargas de Camps destacó la necesidad de determinar por separado la eventual responsabilidad de cada uno d e los hermanos Espaillat. El jurista señaló que la acusación deberá demostrar los hechos atribuidos a cada imputado, sin asumir una responsabilidad conjunta de manera automática.
«Tenemos que demostrar la culpabilidad de cada uno de ellos en particular. La culpabilidad no es en ramillete», afirmó.
En consecuencia, insistió en que la nueva calificación jurídica no representa una condena anticipada, sino una cuestión que deberá ser examinada durante el juicio.
Juicio por el caso Jet Set está previsto para diciembre
Vargas de Camps indicó que el juicio está pautado para comenzar en diciembre. En esta etapa el Ministerio Público y los abogados querellantes deberán presentar los elementos probatorios destinados a sustentar las acusaciones.
De igual manera, sostuvo que la defensa tendrá la oportunidad de ejercer sus derechos y controvertir las pruebas presentadas, mientras que corresponderá al tribunal determinar las responsabilidades individuales.
El abogado consideró que el proceso podría tener implicaciones para otros establecimientos abiertos al público. Particularmente en lo relacionado con las obligaciones de sus propietarios y administradores en materia de seguridad.
«Los dueños de establecimientos van a saber que ellos son garantes de la vida de las personas que visitan esos establecimientos», expresó.
A su juicio, una eventual sentencia podría contribuir a delimitar las responsabilidades de quienes administran espacios donde se concentra un número importante de personas.
Finalmente, Vargas de Camps reiteró que será el tribunal que conozca el fondo del expediente el encargado de determinar si existen pruebas suficientes para establecer responsabilidad penal bajo la calificación jurídica planteada.
