El liderazgo empresarial dominicano parece haber cerrado filas con la modificación del Código de Trabajo, bajo el alegato de que los sectores productivos del país necesitan bajar sus costos.Entre varios cuestionamientos a la legislación laboral vigente, se ha planteado que al instaurarse el sistema de seguridad social, el auxilio de cesantía no se justifica, porque implica un doble costo para los empleadores.
Me parece que esa idea no es correcta. El auxilio de cesantía tiene como propósito compensar o indemnizar al empleado por la pérdida repentina de su fuente de ingreso, mientras que la seguridad social persigue crear condiciones para que, en el corto plazo, el trabajador reciba un adecuado servicio de salud, y, en el largo plazo, una pensión digna.
La cesantía cumple una función social importante, a favor no solo de los trabajadores de bajos ingresos, sino, incluso, para los ejecutivos medios y altos. Y no es cierto que esa función puede suplir un “seguro de cesantía”, pues, a diferencia de aquella, éste se nutriría con aportes del patrono y del trabajador.
Eliminar la cesantía lo único que va a provocar es un deterioro aún mayor del mercado de trabajo de la República Dominicana, caracterizado por salarios mínimos deprimidos, si se comparan, en términos relativos, con los de Centroamérica. En un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se afirma que en el país, entre el 2000 y el 2010, el salario mínimo ha decrecido a una tasa anual de 0.7%.
El estudio reveló que en Costa Rica, Guatemala y Panamá, el salario se mantuvo estancado y “retrocedió en la República Dominicana”, registrando “un crecimiento dinámico” en Honduras y Nicaragua. La OIT concluye que, en nuestro país, “el crecimiento de la economía y de la productividad se transfiere mayormente a las utilidades de capital”.
Por eso, me parece desafortunado que, en nombre de la competitividad, gran parte del empresariado –incluyendo a gente comprometida con la responsabilidad social corporativa- esté abogando por depauperar aún más las condiciones laborales, bajo la promesa de mejorar su competitividad y generar más empleos.
Habiéndose proclamado la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, la clase política dominicana debe desoír a los que abogan por la flexibilización de las normas laborales, porque únicamente va a contribuir a deteriorar el clima y las condiciones laborales en el país. Además de generar un justificado malestar social.
