El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó a los medios que el gobierno ha desistido de la construcción de la carretera Cibao-Sur y que la decisión final sobre esa obra corresponderá a la administración que le suceda. En cambio, se hará una vía entre Sabaneta y Boca dos Arroyos y otra entre Mao y Monción y se convocará a una licitación “para la ingeniería en detalle” para definir el costo real de la Cibao-Sur y su nivel de factibilidad y retorno de la inversión. Su costo se estima en más de 400 millones de dólares.
La decisión es oportuna, correcta y responsable porque despeja muchas dudas sobre su viabilidad y hay opiniones encontradas acerca de los trazados que se han presentado al ministerio, su impacto ambiental y sobre todo su costo. Una obra de esa naturaleza tomaría más tiempo del que le resta a la actual administración y su costo postergaría otros proyectos viales de mayor urgencia, que el gobierno ha asumido como prioritarios para completar el eje vial de la región oriental y otras zonas del país, que sin duda favorecerán el turismo e incrementarán la actividad comercial acortando las distancias entre nuestros pueblos y ciudades.
El ministro hizo también una aguda reflexión sobre el peaje, señalando que el mejoramiento y expansión de los ejes viales requieren de un permanente mantenimiento que sólo sería posible con el pago por el uso de las carreteras principales, señalando que el peaje es uno de los impuestos más justos, ya que sólo lo pagan quienes pasan por las carreteras donde se cobra. Lo cierto es que, ya lo disponga el ministerio o el Banco de Reservas que tiene bajo su responsabilidad hacerlo, si queremos buenas carreteras y en buen estado tenemos que asumir el peaje como un medio idóneo para lograrlo.
Naturalmente, como cualquiera otro impuesto el peaje debe guardar relación con el tamaño de la economía y la capacidad de pago de los usuarios.
