La angustia, la indignación y el temor se extendieron entre los residentes del barrio 27 de Febrero tras el secuestro y posterior asesinato de cinco jóvenes, atribuido al grupo conocido como “La Banda Colorá”
En esta entrega de Zona Retro, evocamos uno de los episodios más dolorosos de la historia dominicana: el secuestro y asesinato de cinco jóvenes integrantes del club cultural Héctor J. Díaz, del barrio 27 de Febrero. El crimen, ocurrido en octubre de 1971 y atribuido a la organización conocida como “La Banda Colorá”, sacudió a los habitantes del sector y provocó una profunda ola de miedo e indignación. A 55 años de aquel suceso, la tragedia permanece como una herida en la memoria colectiva del pueblo dominicano.
El origen de la tragedia
El dolor y la consternación se apoderaron de los moradores del barrio 27 de Febrero, en la parte alta de Santo Domingo, cuando comenzaron a conocerse los detalles del asesinato de cinco jóvenes, el mayor de apenas 21 años.
El 9 de octubre de 1971 fueron secuestrados Rubén Darío Sandoval, de 16 años; Reyes Andrés Florentino Santana, de 18; Víctor Fernández Checo, de 18; Radhames Peláez Tejeda, de 21, y Gerardo Bautista Gómez, de 18. Sus cuerpos aparecieron posteriormente en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.
Los cinco pertenecían al club cultural Héctor J. Díaz, ubicado en el barrio 27 de Febrero. La noticia de sus muertes sumió a la comunidad en la incertidumbre y el temor, mientras las versiones sobre lo sucedido comenzaban a circular entre los residentes.
El relato de los sobrevivientes
Diversos testimonios publicados en la prensa de la época señalaron que los jóvenes habían sido detenidos durante la madrugada del sábado por integrantes de “La Banda Colorá”, organización identificada también como Juventud Antiterrorista y Anticomunista.
Un residente del sector, cuya identidad se mantuvo en reserva, declaró que los jóvenes habían sido interceptados por miembros del grupo, acompañados de dos agentes policiales, cuando regresaban del velatorio de un compañero fallecido en un accidente automovilístico.
Dirigentes del club Héctor J. Díaz afirmaron, además, que integrantes de “La Banda Colorá” habían advertido públicamente la semana anterior que matarían a cinco jóvenes del barrio 27 de Febrero, como represalia por la muerte de un jefe de zona de esa organización. Según esas declaraciones, el presidente Joaquín Balaguer había ordenado el desmantelamiento del grupo.
El compañero cuyo velatorio habían visitado era Julio Rivera, también miembro del club. Rivera había fallecido la noche del viernes, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra un camión.
Uno de los dos jóvenes que lograron escapar ofreció su testimonio al vespertino Última Hora cuando se conoció el hallazgo de los cadáveres. Según relató, alrededor de ocho integrantes de «La Banda», acompañados por agentes policiales, habían interceptado a sus compañeros.
El sobreviviente explicó que el grupo había salido del velatorio para comprar velas y rosas destinadas a los preparativos del sepelio. Caminaban por la calle Padre Castellanos y, al llegar a la intersección con la avenida Albert Thomas, fueron abordados por varios integrantes de la organización.
Entre estos, identificó a dos hombres conocidos por los apodos de «Nariz» y «Cabeza». El joven también aseguró que los miembros del grupo se desplazaban en dos vehículos: uno gris, con placa privada, y otro destinado al transporte público.
«Nos encañonaron y nos ordenaron subir al carro público», relató al periódico. Añadió que dos agentes policiales se desmontaron y permanecieron a unos ocho metros del lugar donde se encontraban los integrantes de «La Banda».
El testigo afirmó que consiguió escapar junto a otro compañero, conocido como «Robert». Ambos se internaron en los callejones cercanos a la vivienda de un amigo, donde encontraron refugio.
Estas declaraciones se produjeron cuando apenas se habían localizado dos de los cadáveres. Los otros tres fueron encontrados posteriormente, en distintos lugares y a diferentes horas.
Cinco cuerpos, una ciudad conmocionada
Los cadáveres de Rubén Darío Sandoval y Reyes Andrés Florentino Santana fueron encontrados a las siete de la mañana en el paraje Quita Sueño, perteneciente entonces a la jurisdicción de Haina, en la provincia de San Cristóbal.
En el lugar, la Policía recogió varios casquillos de pistola calibre .45. Sandoval, quien residía en la calle 11, número 46, presentaba cuatro impactos de bala: uno en el costado del cuello, con salida por la nuca; otro en el pecho, a la altura de la horquilla esternal; un tercero que le rozó el pabellón de la oreja, y un cuarto en el dorso de la mano izquierda.
Por su parte, Florentino Santana, domiciliado en la calle Respaldo 16, número 35, recibió dos disparos, uno en la mandíbula derecha y otro en el estómago.
El médico legista, doctor Víctor Pimentel Carrasco, confirmó que ambos jóvenes habían sido asesinados alrededor de las cuatro de la madrugada.
Horas después, la búsqueda de las otras víctimas continuó en distintos puntos de la ciudad. El cadáver de Víctor Fernández Checo fue encontrado a las ocho de la noche entre unos matorrales, cerca de la prolongación de la avenida Ciudad de Sarasota. El joven presentaba ocho impactos de bala en el pecho y el costado izquierdo.
En tanto, los cuerpos de Gerardo Bautista Gómez y Radhames Peláez Tejeda fueron localizados en el kilómetro 12 y medio de la autopista Las Américas. Ambos presentaban heridas en distintas partes del cuerpo, además de rasguños y marcas de cuerdas en las manos y los pies. Según el informe de la época, las lesiones por arma de fuego fueron ocasionadas con una pistola calibre .45.
El hallazgo de los cinco cadáveres, distribuidos en diferentes lugares, profundizó la conmoción que ya afectaba a los familiares y residentes del barrio 27 de Febrero.
La promesa de hacer justicia
El procurador general de la República, doctor Juan Arístides Taveras Guzmán, se trasladó al lugar donde fueron encontrados los cuerpos de Sandoval y Florentino Santana. Allí calificó el crimen de «horrendo» y prometió que se haría justicia contra el autor o los responsables.
Asimismo, anunció que apoderaría de inmediato al Ministerio Público de la jurisdicción correspondiente. En aquel entonces, el paraje Quita Sueño pertenecía a la jurisdicción de Haina, en la provincia de San Cristóbal.
La declaración del funcionario se produjo en medio de las exigencias de justicia de una comunidad golpeada por la pérdida de cinco de sus jóvenes y preocupada por la posibilidad de nuevos hechos violentos.
El barrio entre el miedo y la indignación
Tanto los familiares de las víctimas como otros residentes del sector responsabilizaron de los crímenes a «La Banda», a la que las denuncias de la época atribuían otros actos de violencia.
La angustia provocada por el quíntuple asesinato y el temor de que se produjeran nuevos ataques llevaron a numerosos padres del barrio 27 de Febrero a buscar refugio para sus hijos. Según denunciaron, otros cinco jóvenes conocidos de la comunidad también habían sido amenazados de muerte, aunque sus nombres no fueron divulgados públicamente.
La indignación de los moradores dio paso a iniciativas para reclamar justicia. Los residentes anunciaron la creación de un comité comunitario con el propósito de exigir que se esclarecieran los crímenes y se castigara a los responsables. También advirtieron que, si no obtenían respuesta, organizarían jornadas de huelga.
Entre las propuestas figuró una marcha de madres del sector, vestidas de negro como señal de duelo y protesta por el asesinato de cinco de los jóvenes más destacados de la comunidad.
La tragedia no solo dejó cinco víctimas, sino que también sembró miedo entre sus vecinos y familiares, quienes temían que la violencia alcanzara a otros jóvenes del barrio. Las denuncias, los reclamos de justicia y las propuestas de protesta reflejaron la dimensión de una conmoción que trascendió a las familias afectadas y sacudió a toda la comunidad.
