Ciudadanos piden al TC rechazar el pedido de Díaz

Santiago. Un grupo de ciudadanos depositó ante el Tribunal Constitucional un escrito de intervención con relación a la acción de inconstitucionalidad incoada por Víctor Díaz Rúa, contra el tercer párrafo del artículo 85 del Código Procesal&#8230

Santiago. Un grupo de ciudadanos depositó ante el Tribunal Constitucional un escrito de intervención con relación a la acción de inconstitucionalidad incoada por Víctor Díaz Rúa, contra el tercer párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal.El escrito fue depositado en forma voluntaria en calidad de amicus curiae (amigos de la corte). El grupo lo encabezan el jurista Ramón Antonio (Negro) Veras, María Jesús Pola Zapico, Luis A. Bircann Rojas, Rafael Armando Vallejo, Rafael Emilio Yunén y Emmanuel Castillo Sánchez. Las personas que suscriben el indicado escrito entienden que la acción popular consagrada en el texto impugnado es un derecho fundamental de la ciudadanía, toda vez que contribuye a garantizar el control social de la gestión pública y profundiza la participación directa de la ciudadanía en los asuntos que le afectan como miembros activos de una comunidad política. En este sentido, manifiestan la convicción de que el tercer párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal dominicano, se conforma a la Constitución dominicana y, por lo tanto, el recurso incoado por el exministro debe ser rechazado.

“La corrupción socava las bases de la democracia y buena gobernabilidad, ya que impide el funcionamiento de los procesos formales democráticos como las elecciones, los servicios públicos y el ejercicio de los derechos civiles y políticos”, apunta. Indica que cuando la corrupción es prevalente, los funcionarios públicos no toman decisiones guiados por el interés de la sociedad, sino por el interés individual, impactando negativamente la capacidad de las instituciones públicas para cumplir sus funciones.

Entiende que con eso se merma la capacidad del Estado de responder a las necesidades de su ciudadanía, se afecta la eficiencia de los servicios públicos, se encarece el ejercicio de los derechos ciudadanos y, en general, se reduce la calidad de vida de la ciudadanía. Se recuerda que varias entidades se han querellado en la Fiscalía del Distrito contra Díaz Rúa, por alegados actos de corrupción durante su gestión en Obras Públicas.

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