Muchos reclamamos durante largo tiempo una mayor inversión en educación materializada a través del cumplimiento de la asignación, del 4% del PIB a estos fines en el presupuesto nacional. Se sabía que el tema financiero era solo una de las aristas del problema de nuestro deficiente sistema educativo, pero lo cierto es que cualquier mejoría a realizar al mismo requería inicialmente de recursos. La Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, dispone que debe suscribirse un Pacto por la Reforma Educativa que impulse las reformas necesarias para elevar la calidad, cobertura y eficacia del sistema educativo en todos sus niveles, el cual debió haberse suscrito a más tardar el 26 de enero pasado.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sostiene actualmente un debate público con el Ministerio de Educación en relación con el aumento de los salarios de los profesores. El Ministerio ha efectuado una propuesta de aumento que ha sido rechazada por la ADP, la cual alega que éste está mintiendo en los alegatos que expone en contra de las posiciones del gremio.
Para nadie es un secreto que nuestro liderazgo político se encargó de permear los gremios profesionales, hasta el extremo de llevar al seno de sus estructuras sus rivalidades, disputándose los partidos mayoritarios el control de los mismos.
Todos estamos de acuerdo en que los salarios de los profesores deben ser justos. Ahora bien, la reforma de nuestro sistema educativo no puede concentrarse en distribuir los fondos recibidos en aumentos generalizados, pues eso significaría mantener el estatus quo.
Nuestros maestros están mal pagos, pero nuestros estudiantes están mal servidos. Por eso la reforma educativa debe ir al fondo del problema que es una mala gestión de las escuelas y de las aulas. Por eso tenemos las peores calificaciones en todas las mediciones.
Aquí y en otras partes del mundo las reformas educativas conllevan difíciles enfrentamientos con los profesores. Y es que los mismos, de ser evaluadores, se convierten en evaluados. Por eso temen tanto a las verdaderas evaluaciones de desempeño, a las mediciones conforme normas internacionales de nuestro sistema educativo y a los aumentos por méritos.
La complicidad de los distintos gobiernos y la ADP creó este defectuoso sistema, en el que las prebendas, la corrupción, la política y la satisfacción de intereses personales han estado por encima de la sagrada misión educativa.
México finalmente se dio cuenta de que esta vieja fórmula política tenía entrampado su sistema educativo y decidió tomar acciones para despejar la vía de la reforma educativa que desea ejecutar conforme al Pacto por México recientemente suscrito.
Por eso debemos tener bien claro que la discusión de este aumento salarial es clave para marcar lo que será el destino de la inversión en educación: si se invertirá adecuadamente para progresivamente obtener las transformaciones esperadas aunque haya que vencer dificultades o, si los recursos se destinarán a mantener las mismas deficiencias e irregularidades para no cargar con las consecuencias.
