BOGOTA (AP) — La imagen está grabada en las mentes colombianas: el presidente del país está sentado en un gran escenario con el rostro sombrío, las manos en el regazo y junto a una silla vacía.
Es enero de 1999. En la inauguración de las conversaciones de paz, el fundador de la mayor guerrilla en el Hemisferio Occidental ha desairado al presidente Andrés Pastrana.
Con una maldición desde su nacimiento, las conversaciones de paz se prolongan tres años en una zona del tamaño de Suiza que el gobierno le ha cedido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales libran su guerra en otras partes, secuestran y extorsionan sin cesar y amplían su negocio de cocaína.
Diez años más tarde, en una Colombia más próspera, mucho más estable, otro presidente está dando una nueva oportunidad a la paz.
«Cualquier gobernante responsable sabe que no puede dejar pasar una posibilidad como ésta de acabar con el conflicto», dijo el presidente Juan Manuel Santos en declaraciones a la nación el martes al anunciar un acuerdo con las FARC para buscar «una paz definitiva».
Será la cuarta gestión de ese tipo en tres decenios.
El pacto, firmado el 27 de agosto luego de seis meses de conversaciones exploratorias secretas en Cuba, llama a iniciar las negociaciones en Noruega en la primera mitad de octubre, antes de regresar a La Habana.
«Sin duda hay riesgos», dijo Santos, un economista y experiodista de 61 años. «Pero creo que la historia sería mucho más severa con todos nosotros si no aprovechamos la oportunidad que hoy se nos presenta».
Tras asumir la presidencia a mediados del 2010, Santos dijo que las FARC, muy debilitadas por una década de reforzamiento de las fuerzas del gobierno con el respaldo de Estados Unidos, necesitaban reducir seriamente sus hostilidades si querían que sus ofrecimientos de paz fuesen tomados seriamente.
Sin embargo, al mismo tiempo, estaba cultivando contactos con los rebeldes en secreto.
Y las conversaciones de paz procederán sin una suspensión de los combates.
«Va a ser mucho más difícil negociar mientras las personas están siendo extorsionadas y se atacan oleoductos, se reclutan niños como soldados y se siguen colocando minas», dijo Adam Isaacson, experto en Colombia para la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, un centro de investigación.
El conflicto interno de la nación andina, que ha cobrado decenas de miles de vidas, no ha persistido durante medio siglo por accidente. Es exasperantemente complejo en un país con una de las mayores brechas entre ricos y pobres y la segunda mayor población desplazada internamente, después de Sudán.
Abundan los obstáculos potenciales para un acuerdo de paz, especialmente para la reforma agraria y el desarrollo rural que Santos, progresista social, dice que va a buscar.
Se puede esperar resistencia de los hacendados acaudalados y dueños de plantaciones aliados con Alvaro Uribe, que como presidente entre el 2002 y el 2010 libró una guerra sin cuartel contra las FARC al tiempo que hacía las paces con milicias de extrema derecha que cometieron la mayoría de los asesinatos de la guerra sucia.
«¡Qué tristeza que asesinos y secuestradores de las FARC hoy sean figuras políticas hablándole al mundo con sus engaños!», dijo Uribe en un tuit tras ver un discurso grabado en video por el líder de los rebeldes, Timoleón Jiménez, transmitido el martes desde La Habana.
Y además está el narcotráfico.
Ese negocio sostiene a todos los grupos ilegales armados en Colombia: a los paramilitares, a sus pandillas sucesoras y a las propias FARC.
«Es probablemente uno de los (obstáculos para la paz) más complicados», dijo Arlene Tickner, especialista en ciencias políticas de la Universidad de los Andes, en Bogotá.
Eso es así porque la política estadounidense hacia Colombia ha sido dominada casi completamente por las políticas de la guerra contra las drogas.
Cinco de los seis miembros del secretariado de las FARC, incluido Jiménez, son considerados como altos capos del narcotráfico por el Departamento de Estado, que ofrece recompensas de cinco millones de dólares por cada uno de ellos.
No está claro cómo lidiaría Washington con ellos si el conflicto acaba. El Congreso colombiano aprobó en junio una ley que establece el marco de amnistías y perdones para los líderes rebeldes.
Policías y soldados en Colombia involucrados en el narcotráfico no están exentos de ser enjuiciados. ¿Existiría esa exención para los líderes de las FARC?
Pastrana, que fue embajador de Colombia en Washington tras su presidencia, dijo: «Aquí en esta agenda hay un elemento que es muy importante que es el narcotráfico, y sería bueno invitar a los Estados Unidos también en este proceso que participen de alguna u otra forma en esta negociación o en este proceso que se inicia con las FARC».
Washington es un estrecho aliado de Colombia, pero Santos ya ha mostrado mucha más independencia que Uribe.
La Casa Blanca emitió el martes una declaración en la que elogió el acuerdo preliminar como un «hito» y pidió a las FARC que «aprovechen esta oportunidad para poner fin a sus décadas de terrorismo y narcotráfico».
El acuerdo fue mediado por Noruega y Cuba y esos países van a «facilitar» las conversaciones, mientras que Venezuela y Chile les «acompañarán». No está claro qué significa eso.
Jiménez, conocido como «Timochenko», admitió que una década de intensas presiones militares, incluyendo las muertes en redadas de dos altos líderes de las FARC desde la llegada de Santos al poder, habían contribuido a llevar a los rebeldes a la mesa de negociaciones.
La guerrilla ha perdido aproximadamente la mitad de sus combatientes en el último decenio, cuando Washington entregó un promedio de 700 millones de dólares anuales a Colombia, la mayoría en ayuda militar al gobierno.
Eso no ha impedido que las FARC intensificasen sus ataques relámpago en meses recientes, en acciones contra oleoductos e instalaciones carboníferas que han tenido un costo político para Santos.
Pero la insurgencia también ha sufrido ataques aéreos cada vez más efectivos, en parte debido a sofisticados sistemas estadounidenses de tiro colocados en aeronaves.
Hace unos tres años, las fuerzas del gobierno comenzaron a usar aviones no tripulados Scan Eagle comprados a Estados Unidos, le dijo recientemente a The Associated Press el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur del ejército estadounidense.
Santos subrayó el martes que no va a ceder ni un centímetro, y dijo que las operaciones militares continuarán con la misma intensidad incrementada.
Dijo además que las conversaciones no serán ilimitadas, y afirmó que se medirán en meses, no en años. «Si no hay avances, sencillamente no seguimos», aseguró.
Muchos analistas consideran que la sociedad colombiana no va tener paciencia si no ve pronto resultados tangibles.
«Santos está corriendo un enorme riesgo político», dijo Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano. «Aún no está claro si las FARC van en serio esta vez».
Shifter piensa que el asunto va a consumir la segunda mitad del término de cuatro años del presidente. Santos no ha dicho aún si buscará la reelección.
