Completar la tarea

El gobierno dominicano abrió el proceso de regularización de extranjeros, en cumplimiento a la ley especial emitida por el Congreso, en el espíritu de la sentencia 168-13, que concitó tanta crítica de quienes defienden los derechos adquiridos…

El gobierno dominicano abrió el proceso de regularización de extranjeros, en cumplimiento a la ley especial emitida por el Congreso, en el espíritu de la sentencia 168-13, que concitó tanta crítica de quienes defienden los derechos adquiridos de inmigrantes ilegales.

Ahora que la ley está en vigor, se supone que los beneficiarios de la misma atenderán los llamados de las autoridades y acudirán a los lugares habilitados en diferentes poblaciones de la República.

Ayer, al inicio del plan, con las limitaciones propias de ese tipo de operaciones, pocas personas acudieron a llenar los trámites previstos en la normativa.

Ya se está diciendo que los candidatos a optar por la naturalización no han sido debidamente informados, que las autoridades no han impulsado una campaña de amplio alcance que les permita acceder a los centros establecidos.

Tal argumento podría tener alguna validez, pero habría que señalar que apenas ha sido promulgada la ley y que las autoridades han puesto mucho empeño en materializar el propósito perseguido y quizás han perdido de vista un proyecto alterno de comunicación sobre el entendido de que los potencialmente interesados están al tanto de la situación.

Siendo así, es necesario que se apresure una campaña de información, por todos los medios posibles, de modo que no haya lugar a consideraciones prejuiciadas o maliciosas.

Ahora bien, lo que no entendemos es por qué todo el coro que se montó contra la sentencia 168-13, que puso a la República Dominicana en todos los confines del mundo como negadora de los más elementales derechos de las personas, no salen ahora a propalar a los cuatro vientos, por toda la geografía nacional, la oportunidad que se está brindando.

Sería muy útil, muy constructivo, que los defensores a ultranza de los derechos civiles y políticos de las “víctimas del genocidio civil”, completen su obra de bien, y ayuden a las autoridades a alentar a los beneficiarios de la ley para que acudan a los centros de recepción de solicitudes.

Sería lo ideal para que la ley surta el efecto deseado, y además, sería muy cónsono con el espíritu altruista que movilizó a tantas personas y oenegés.

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