TEGUCIGALPA (AP) — Unos 25 médicos forenses de seis nacionalidades concluyeron el miércoles la autopsia de las 360 personas muertas la semana pasada en un incendio en una prisión de Honduras.
«Ese proceso ya concluyó, pero los forenses de México, Chile, Perú, El Salvador, Guatemala y Honduras continúan con el trabajo de identificar plenamente los cadáveres», dijo a The Associated Press el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte.
Informó que unos 40 cuerpos han sido entregados a sus parientes para que los sepulten.
En el incendio de la granja penal de Comayagua, a unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, fallecieron 359 hombres y una mujer, que visitaba la noche del 14 de febrero a su marido.
Muchos reos murieron calcinados abrazados a los barrotes de las celdas, otros asfixiados por el humo o ahogados al lanzarse a pilas de agua del penal en un intento de protegerse de las llamas.
Seis expertos del Equipo de Respuesta Internacional del Buró de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, en inglés) determinaron que el siniestro fue accidental.
Tras cinco días de investigar el caso, el ATF dijo en un informe preliminar que la causa del fuego pudo ser una llama abierta no limitada a un cigarro, encendedor o fósforos porque no recuperó la fuente real de la ignición.
Consideró que el fuego habría iniciado en el módulo seis de la prisión, que encendió después materiales inflamables cercanos.
Ante tal situación, Marina Redondo, vocera de los familiares de las víctimas, dijo en rueda de prensa que «ese informe no arroja un resultado cien por ciento seguro… y pedimos una nueva investigación».
Pero el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo a periodistas que «el informe de los especialistas de Estados Unidos es preliminar y hay que esperar el resultado definitivo del mismo».
Duarte sostuvo, sin embargo, que «la fiscalía considera aceptable el documento del ATF y no proyecta realizar una nueva investigación al respecto».
Las 24 cárceles hondureñas albergan unos 12.000 reos, de acuerdo a cifras oficiales del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y el sistema tiene capacidad para 8.000.
